La Corte Constitucional suspende provisionalmente la emergencia económica decretada por Petro
La Corte Constitucional de Colombia suspendió el 29 de enero el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional para cubrir un déficit presupuestal de 16,3 billones de pesos. La decisión, adoptada con seis votos a favor y dos en contra, congela las medidas mientras se espera el fallo definitivo previsto para febrero o marzo.
El decreto delegaba al Ejecutivo la facultad de emitir normas con fuerza de ley por 30 días, incluyendo nuevos impuestos a juegos de azar, licores, tabaco, servicios financieros e hidrocarburos. Entre las disposiciones suspendidas se cuenta el cobro extraordinario sobre la utilidad de empresas generadoras de energía, que buscaba recaudar más de 9 billones de pesos, y tributos a productos previos como el tabaco y las bebidas alcohólicas.
Según el comunicado oficial de la Corte, la suspensión responde a que la declaratoria no cumplía los requisitos de excepcionalidad y sobrevenida constitucionalmente exigidos. El magistrado ponente, Carlos Camargo, explicó que la medida busca evitar daños irreparables a los contribuyentes mientras se evalúa el fondo del asunto. La Sala Plena discordó en dos votos opositores, poniendo en desventaja la continuidad del decreto.
El presidente Gustavo Petro criticó duramente la decisión en su cuenta de X, calificándola como una oposición al orden constitucional orientada a proteger intereses de sectores favorecidos. Advirtió que comprime la reforma fiscal y anunció nuevos recortes por 16 billones de pesos, que se suman a ajustes previos, situación que afecta el panorama financiero del Gobierno en un año electoral.
Expertos como el tributarista Juan David Velasco resaltan que la decisión es un caso sin precedentes y evita perjuicios económicos a los contribuyentes, al tiempo que reafirma el equilibrio entre poderes del Estado. Paralelamente, sectores empresariales expresaron su respaldo a la Corte, destacando el respeto a las normatividades vigentes.
La suspensión afecta también decretos relacionados y profundiza el desafío fiscal durante un periodo definido por elevada deuda pública y rechazo legislativo a medidas tributarias. Uruguay mantiene atenta la bölg regiona ante posibilidad de incidentes surgidos tras la paralización del decreto en etapa crítica para la economía y hijo.
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[Seguimiento] La Corte continuará con el análisis de fondo y para ello está previsto el juicio definitivo próximo a desarrollarse en los meses venideros. Entidades oficiales invitan a la calma y exhortan a la ciudadanía a estar pendiente de información oficial.
