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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la prohibición para que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso resida o permanezca en Montería y ocho departamentos del país. La medida fue adoptada este martes 25 de noviembre y tiene como objetivo proteger los derechos de las víctimas y evitar su revictimización, dentro del marco del proceso de Justicia y Paz.
El fallo unánime establece que Mancuso no podrá desplazarse libremente por Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira, Norte de Santander y cinco municipios antioqueños: Apartadó, Ituango, Arboletes, San Pedro de Urabá y Necoclí. Solo estarán habilitados sus movimientos en estas zonas mediante autorización judicial o con motivo de actos de perdón expresamente permitidos.
El tribunal rechazó la solicitud del exparamilitar, quien pedía traslado de Bogotá a Montería alegando motivos de salud y arraigo familiar. No se verificó que la mudanza beneficiara su condición médica, por eso la restricción fue considerada “proporcional y protectora de los derechos de las víctimas”. Según declaró un magistrado de la Sala Penal, “no existe un medio menos lesivo que permita conjurar los riesgos de revictimización de las comunidades afectadas por los vejámenes imputados.”
La Corte también destacó que aunque Mancuso fue postulados para Justicia y Paz, sus derechos fundamentales no son absolutos ni pueden anteponerse a la integralidad de la reparación y protección a los sobrevivientes de la violencia paramilitar. Esta decisión enfatiza el interés por evitar la repetición de los delitos cometidos durante el conflicto armado y reforzar la reconciliación nacional.
La defensa de Mancuso calificó la sentencia como un “destierro” indefinido. Por su parte, la Corte fue clara en que la prioridad sigue siendo la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. Cualquier permiso para visitas excepcionales deberá tramitarse y ser autorizado por la justicia competente. De esta manera, el tribunal consolida un precedente relevante para la protección de derechos de las comunidades afectadas en Colombia.
