📸 Cortesía: DIAN
Red de clientelismo y tráfico de influencias en la Dian involucra a 65 políticos en el gobierno de Gustavo Petro
En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de Colombia reveló una red de clientelismo y tráfico de influencias en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante el gobierno de Gustavo Petro, que involucraría al menos a 65 políticos entre ministros, senadores y representantes de diferentes partidos.
El expediente judicial, presentado el 6 de septiembre de 2025, contiene transcripciones de chats, hojas de vida y solicitudes de nombramientos y contratos dirigidos al entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes. La investigación está liderada por la magistrada Cristina Lombana. De acuerdo con los documentos obtenidos, políticos de todos los sectores usaron mensajes de WhatsApp para gestionar nombramientos y asegurar millonarios contratos en cargos clave dentro de la Dian, con presión en regiones estratégicas como Cúcuta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, zonas clave en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal.
Entre los involucrados están el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien solicitó nombramientos y traslados apenas días después de la posesión presidencial. También aparecen Alfredo Saade, exjefe de despacho del Gobierno Petro, y el magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, acusado de gestionar ascensos para personal de la Dian. En el Congreso figuran cerca de 30 senadores y decenas de representantes, entre ellos Efraín Cepeda, Óscar Darío Pérez y Jairo Castellanos.
“La evidencia apunta a una práctica sistemática que favorece intereses particulares por encima del bien público”, indicó Cristina Lombana, magistrada encargada del caso. “Se está avanzando en la judicialización de los responsables y en fortalecer los mecanismos de control para evitar que hechos similares se repitan.”
El caso destapado surge en un contexto de creciente preocupación por la eficacia de los controles en la Dian y la transparencia en el manejo de contratos públicos. Se espera que las investigaciones permitan aclarar el alcance del entramado y robustecer la lucha contra el clientelismo y la corrupción en las entidades estatales.
La Corte Suprema hace un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a los avances del proceso y a las autoridades para intensificar las acciones de control y prevención en todas las dependencias del Estado.
