¿Cortina de humo presidencial?
Una sombra de duda se cierne sobre el Palacio de Nariño.
Bogotá, 1 de junio de 2025. El presidente Gustavo Petro despierta más suspicacias que certezas tras sus recientes declaraciones sobre la **consulta popular**. En medio de un escenario político convulso, el mandatario anunció que estudiaba emitir la consulta por decreto, justo cuando la iniciativa había sido rechazada formalmente en el Senado. ¿Se trata de un intento por sortear el obstáculo legislativo o de una estrategia para desviar la atención ante la imputación contra su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla?
La historia es clara. El 29 de mayo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expuso públicamente que existieron **irregularidades en el trámite de la consulta** en el Congreso y advirtió que, sin una respuesta positiva antes del 1 de junio, el gobierno acudiría a la vía ejecutiva —la emisión del decreto— para convocarla. La consulta, que Petro impulsó desde el 1 de mayo, había sido sepultada en el Senado con 49 votos en contra frente a 47 a favor. En respuesta, el presidente de la Cámara alta, Efraín Cepeda, remitió una carta oficial confirmando el hundimiento de la iniciativa y recordando la legalidad del rechazo.
Pero lo que más inquieta no es sólo el pulso político, sino la inexplicable **ausencia presidencial** durante los dos días posteriores, justo cuando unas movilizaciones sociales convocadas coincidieron con un raquítico número de participantes. Petro desapareció del escenario público miércoles y jueves, sin dar explicaciones, avivando viejas dudas sobre su fortaleza para ejercer el poder, dudas que habían sido lanzadas a la luz por su ex canciller Álvaro Leyva mediante cartas ya conocidas.
El presidente reapareció el sábado, pero el vacío dejado hizo más ruido que sus palabras. ¿Una estrategia para despejar el foco mediático, o un gesto de desdén ante la opinión pública? Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo y el país se pregunta: ¿puede el Ejecutivo legislar sobre la voluntad popular sin pasar por el Congreso? ¿O acaso este movimiento erosiona la confianza democrática y abre un precedente preocupante?
En el trasfondo, la imputación a Ricardo Bonilla pesa como una amenaza latente. ¿Serán las declaraciones sobre la consulta una cortina de humo para distraer al país de un proceso judicial crítico que sacude los cimientos del gobierno?
La incertidumbre persiste, la confianza se resquebraja y el calendario avanza implacable. ¿Podrá la democracia colombiana resistir esta prueba sin más sombras y desengaños? El país espera a su líder, pero entre tanto, el silencio presidencial y las estrategias legales dibujan un escenario donde las certezas son tan esquivas como la respuesta definitiva a esta crisis.
