📸 Cortesía: Presidencia de la República de Colombia
Ley 2485 establece tope máximo a precios de reconexión en telecomunicaciones en Colombia
El presidente Gustavo Petro sancionó el 16 de octubre de 2025 la Ley 2485, que otorga a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la facultad de fijar un tope máximo a los precios de reconexión en servicios de internet, telefonía y televisión en Colombia. La medida busca frenar los cobros excesivos que venían aplicando las empresas del sector, en especial en regiones con monopolios y notorias diferencias tarifarias.
Hasta ahora, la CRC solo podía intervenir en costos cuando se presentaban problemas de calidad o falta de competencia, pero con esta ley se modifica el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009 para que el ente regulador defina y publique en máximo un año los valores máximos y parámetros técnicos para el cobro por reconexión. Así, se evitarán tarifas que en muchos casos superaban el valor mensual del servicio suspendido, las cuales podían llegar a los 70.000 pesos o más, según denuncias ciudadanas y ponencias de expertos y congresistas.
“El propósito es evitar los cobros exagerados por reconexión, muchos de ellos sin costos reales, pues la mayoría de restablecimientos se realizan de manera remota”, explicó el presidente Petro durante la sanción en Bogotá. La ley establece que solo se cobrarán “los costos eficientes y directamente asociados” a la actividad de reconectar el servicio, eliminando valores arbitrarios y desproporcionados.
Además, la norma introduce criterios de equidad y transparencia, exigiendo que las facturas y notificaciones informen con claridad y anticipación el tope máximo y la fórmula para calcular la reconexión. De esta manera, se garantiza mayor control y facilita la comparación entre operadores, protegiendo a los usuarios de cobros injustificados.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene ahora la tarea de reglamentar estos topes en el plazo establecido, mientras las autoridades seguirán monitoreando el cumplimiento de la ley para mitigar el impacto económico en los usuarios afectados.
