La Unidad de Regulación Financiera atraviesa crisis institucional tras renuncia masiva por plan de repatriación de fondos de pensiones
En las últimas horas, la renuncia de la directora y decenas de funcionarios de la Unidad de Regulación Financiera (URF) por un conflicto interno puso en evidencia una crisis institucional que afecta la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Cerca de 30 funcionarios fueron señalados para abandonar sus cargos a causa del desacuerdo sobre un plan para repatriar 125 billones de pesos (33.000 millones de dólares) invertidos en el exterior por fondos privados de pensiones.
Los hechos más críticos ocurrieron en Bogotá: la directora Mónica Higuera renunció la semana pasada, a inicios de diciembre, y horas después fue solicitada la salida de aproximadamente 30 funcionarios. Larisa Caruso fue nombrada directora encargada ante esta situación. El conflicto surge luego de que el Ministerio de Hacienda redujera el plazo para la repatriación de los activos desde cinco años a apenas seis meses, generando un fuerte rechazo dentro de la URF y la Superintendencia Financiera.
El principal motor de la medida es el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha señalado que la mitad de los 140.000 millones de dólares administrados por fondos como Porvenir y Protección están invertidos fuera del país, en lugar de financiar la economía local. Sin embargo, la URF alertó sobre riesgos financieros asociados a una salida acelerada: problemas de liquidez, pérdida del valor para afiliados y tensiones contractuales con fondos internacionales.
A esta disputa también han reaccionado los gremios del sector. Asofondos sostuvo que la solución obligaría a los trabajadores a perder beneficios clave de diversificación en sus inversiones. Desde el gobierno no ha habido comentaros oficiales, pues tanto Hacienda como la URF declinaron pronunciarse.
Este reclamo contra la centralización de recursos destaca la fragilidad en la entidad reguladora, donde después de reiteradas señales técnicas se intentó seguir adelante con la norma presidencial propuesta. En consecuencia, se gestó un rebelión dentro del equipo del regulador. El sistema pensional sufrió reformas recientes, iniciadas en julio de 2025, pero esta solicitud no altera су procesos oficiales sino el manejo financiero relevante en pleno centro de Bogotá, grupo donde coinciden tras regulators aposta unos 30% partes en bonos de Gobierno, equivalentes a 186.000 millones de dólares.
Analistas estiman que un flujo acelerado hacia los títulos de tesorería (TES) podría generar distorsiones en la estabilidad cambiaria, una demanda artificial sobre los bonos del Estado y tensiones en la curva de rendimientos. Ante esta coyuntura la Alcaldía hace un llamado a la prudencia entre inversionistas, y se estará atentos a definiciones futuras del Palacio de Hacienda.
Esta crisis en la URF marca un momento crítico para defender la delicada estabilidad financiera y llama a la reflexión sobre las políticas públicas en materia de pensiones y mercado de capitales. Las próximas semanas serán decisivas para garantizar continuidad y confianza en las instituciones asignadas a supervisar el orden financiero nacional.
