Catatumbo: entre minas, explosivos y un éxodo sin retorno
La alarmante crisis humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo, en Norte de Santander, no es un hecho aislado ni reciente. Desde el pasado 16 de enero de 2025, un entramado de violencia se ha enredado en su territorio fronterizo con Venezuela, donde el conflicto armado se multiplica y la población local sufre las peores consecuencias.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha intensificado sus ataques con explosivos y la instalación de minas antipersona, una práctica que ha dejado un rastro devastador. Los enfrentamientos con las disidencias del Frente 33 de las FARC y las acciones militares del Ejército Nacional han agravado esta situación, provocando un aumento alarmante de víctimas civiles, desplazamientos masivos y confinamientos. El paisaje del Catatumbo hoy se pinta con cifras dolorosas: más de 91.000 personas afectadas por la violencia; 57.000 desplazadas forzadamente; 27.000 confinadas en sus hogares y 17.000 que enfrentan restricciones severas para obtener bienes básicos o acceder a servicios esenciales.
Las zonas rurales, como Tibú y El Tarra, son epicentros de esta tragedia que no sólo duele por las vidas humanas, sino porque ilustra la profundidad del vacío estatal. En el transcurso del año, el Ejército ha neutralizado más de 2.600 minas y artefactos explosivos improvisados, pero los daños humanos continúan creciendo. Incluso, el empleo de drones cargados con explosivos ha añadido un nuevo componente tecnológico a la violencia, dejando al menos seis víctimas fatales en los recientes ataques.
¿Pero por qué el conflicto persiste? La pugna por el control territorial entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC se enmarca en disputas por actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico y la explotación de recursos naturales, en una región donde la institucionalidad es enclenque y la presencia del Estado es tibia y fragmentada.
Las autoridades han reportado más de ochenta muertes relacionadas con estos enfrentamientos, un balance que apenas rasga la superficie del drama social que vive la región. Frente a esta realidad, los organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo exigen respuestas para detener el ciclo de violencia y proteger a una población que ve cómo su tierra se convierte en un campo minado de viejas heridas y nuevas amenazas.
¿Podrá alguna vez el Catatumbo superar este apagón de esperanza? Mientras tanto, sus gentes siguen huyendo, aferradas a un mañana sin certezas, enfrentando la violencia que erosiona no solo sus tierras, sino también sus vidas y su dignidad.
