Cortesía: International Organization for Migration
El reciente anuncio del Gobierno de Panamá de cerrar los pasos fronterizos en el Darién ha encendido las alarmas entre las autoridades colombianas y los defensores de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha instado al Gobierno Nacional a exigir a Panamá que respete los principios del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo el refugio, la accesibilidad a necesidades básicas y las garantías de no devolución para los migrantes que buscan asilo y protección.
El cierre de al menos tres cruces en el infame Tapón del Darién no solo complicará la movilidad de los migrantes, sino que también agravará las necesidades de protección en los municipios receptores de migrantes en la subregión del Urabá, tanto en Antioquia como en Chocó. La Defensoría advierte que esta medida impactará gravemente los derechos fundamentales de las personas en tránsito, las comunidades locales y las colectividades étnicas de la zona.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a las autoridades nacionales y territoriales que adopten medidas efectivas e inmediatas para enfrentar este desafío. Las gobernaciones de Antioquia y Chocó, junto con las alcaldías de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía, han sido instadas a activar mesas de gestión y gobernanza migratoria, implementando acciones de contingencia desde un enfoque humanitario, sin distinción de nacionalidad, género, orientación sexual, origen étnico, religión o lengua.
Funcionarios de la Defensoría, en su misión de proteger los derechos humanos, visitaron la vereda Astí, uno de los puntos fronterizos con Panamá. Allí encontraron una cerca de alambre de púas de 80 metros que impide el paso a pie hacia el territorio panameño. Esta barrera no solo pone en riesgo la integridad física de los migrantes, sino que también afecta a las comunidades de Asti, Capurganá y Puerto Obaldía, que dependen de este paso para intercambios comerciales y culturales.
Última noticia
Datos alarmantes entregados por la Defensoría revelan que, entre enero y junio de este año, más de 197,000 personas han cruzado la selva del Darién. Solo en junio, cerca de 27,500 migrantes se aventuraron a través de esta peligrosa frontera, incluyendo más de 5,600 menores de edad. La mayoría de estos migrantes provienen de Venezuela, Colombia, Ecuador y China.
El llamado de la Defensoría del Pueblo se suma a las preocupaciones expresadas en junio pasado por Carlos Camargo Assis, entonces Defensor del Pueblo de Colombia y presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO). Camargo advirtió que las restricciones impuestas por Estados Unidos afectarán el derecho a la libre locomoción de muchos migrantes que buscan proteger sus vidas y encontrar un futuro mejor.
La Defensoría del Pueblo subraya la importancia de que las medidas de Panamá, destinadas a controlar el tránsito irregular, se alineen con los principios de una migración segura, ordenada, regular y digna.
