¿UN NUEVO AIRE EN EL EMPLEO COLOMBIANO?
Este miércoles 25 de junio de 2025, en un acto que marca un antes y un después en la historia laboral del país, el presidente Gustavo Petro sancionó la nueva reforma laboral en Colombia.
Con el respaldo del Congreso y bajo el impulso del Ministerio de Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, esta normativa abre una etapa clave destinada a fortalecer los derechos de los trabajadores, formalizar el empleo y actualizar las condiciones ante los desafíos contemporáneos del mercado laboral nacional.
Entre lo más visible, la jornada nocturna sufrirá un cambio radical: el recargo del 35 por ciento ahora comenzará a aplicarse desde las 7 de la noche, en lugar de las 9 de la noche. Pero esta medida no será inmediata; habrá un lapso de gracia de seis meses para que empleadores y empleados se adapten, por lo que empezará a regir desde el 25 de diciembre de 2025.
Simultáneamente, el pago por trabajo en domingos y festivos tendrá un aumento paulatino: del 80 por ciento a partir del 1 de julio de 2025, subiendo al 90 por ciento en 2026 y alcanzando la tarifa plena del 100 por ciento en 2027, salvo que las empresas decidan aplicarlas con anticipación.
Quizá uno de los cambios más desafiantes para el sector privado sea la restricción al uso de contratos temporales o de prestación de servicios. Ahora, se impondrá como regla la contratación a término indefinido, reservando los contratos temporales únicamente para labores no misionales y específicas, un paso pensado para ir más allá de la precarización y apuntalar una estabilidad laboral real.
Las implicaciones sociales y económicas de esta reforma son profundas. Al modificar horarios, recargos y modalidades contractuales, se espera no solo ampliar derechos sino también responder a la creciente presencia de trabajadores de plataformas digitales y nuevas formas de empleo.
“La reforma es una apuesta por la dignidad y por un trabajo que refleje los tiempos actuales”, aseguró el ministro Sanguino al presentar la ley. Sin embargo, son múltiples las preguntas que persisten: ¿Cómo responderán las empresas? ¿Se logrará la formalización prometida? ¿Podrá la justicia laboral velar por el cumplimiento efectivo? La ciudadanía observa con expectativa esta transición, consciente de que el cambio legal apenas comienza y que el verdadero pulso se mide en las vidas de los trabajadores.
