📸 Imagen cortesía
¿Títulos exprés en la función pública?
Este agosto de 2025, la tranquilidad del Gobierno de Gustavo Petro se vio sacudida por un nombramiento que ha generado más dudas que certezas.
En Bogotá, Juliana Guerrero fue designada viceministra de Juventudes, pero lo que debería haber sido una noticia rutinaria se convirtió en una tormenta mediática. ¿La razón? Su paso, vertiginoso y poco claro, de presentar una hoja de vida sin título universitario a exhibir uno oficialmente reconocido en apenas 15 días. Un salto académico y laboral que despierta suspicacias en un país donde obtener un título profesional suele ser un proceso largo y exigente.
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, alzó la voz. Denunció públicamente en su cuenta oficial de X el 29 de agosto la sospecha de un proceso acelerado y poco transparente. Con un derecho de petición, exigió al Gobierno mostrar los documentos y certificaciones que avalen el grado de Guerrero, subrayando que “a tantos jóvenes nos toma años de esfuerzo” alcanzar ese logro. Esta exigencia no solo pone en tela de juicio el nombramiento, sino también la integridad del mecanismo de acceso a puestos públicos.
Cabe recordar que la ley colombiana es clara: para ostentar cargos como viceministro se requiere un título universitario legalmente expedido y avalado por el Ministerio de Educación Nacional. Este trámite, que implica matrículas, cursos y procesos formales, suele durar años. La posibilidad de acelerar esta certificación en tan corto tiempo choca con las normativas vigentes y alimenta la percepción de irregularidades que ha permeado redes sociales y medios nacionales.
La publicación de Pedraza insta al Ejecutivo a transparentar cada paso del procedimiento de certificación académica: desde convalidaciones y homologaciones hasta la expedición oficial del título. Si bien la burocracia puede variar, rara vez un proceso tan complejo se concluye en dos semanas, hecho que plantea una interrogante crucial: ¿bajo qué condiciones se permitió esta rapidez?, ¿o acaso hay otros intereses detrás?
Mientras la denuncia toma cuerpo, la ciudadanía permanece expectante. Las dudas no solo revelan una posible laxitud en controles institucionales, sino que también subrayan una creciente inquietud sobre la equidad y la justicia en el acceso a posiciones de poder. ¿Podrá este caso esclarecerse sin ensombrecer aún más la confianza pública en el Gobierno? El tiempo y las respuestas oficiales serán las únicas luces en medio del cuestionable brillo de un título exprés.
