¿Debe el Estado indemnizar a la familia de Miguel Uribe Turbay? Esto dice el abogado Francisco Bernate

📸 Cortesía: captura de pantalla X @MiguelUribeT
Estado colombiano podría ser condenado por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá

En las últimas horas, el Estado colombiano enfrenta la posibilidad de ser condenado a indemnizar a la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025 en Bogotá tras dos meses de hospitalización por un atentado. La investigación apunta a graves omisiones en su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El hecho se originó luego de que Uribe Turbay registrara 26 solicitudes formales de protección ante la UNP, las cuales no fueron atendidas a pesar de las reiteradas amenazas recibidas. El abogado penalista Francisco Bernate explicó que esta desatención constituye una omisión grave del Estado en su deber de protección. “El Estado colombiano incurrió en una grave omisión a su deber de cumplir a esta persona, de manera que es previsible”, señaló Bernate.

De acuerdo con expertos, el caso recuerda precedentes nacionales e internacionales como el del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, donde la Corte Interamericana y el Consejo de Estado declararon responsable al Estado y ordenaron una indemnización por negligencia frente a amenazas.

Aunque la solicitud formal de reparación aún no se ha presentado, se espera que familiares y allegados interpongan una demanda contra la Nación en los próximos días. El Consejo de Estado será la instancia encargada de establecer si hubo responsabilidad estatal y definir el monto de la indemnización. Además, Bernate aclaró que, aunque el atentado fue ejecutado por terceros, incluido un menor de edad y una organización criminal, esto no exime al Estado de su responsabilidad: “La participación de un tercero puede atenuar la responsabilidad directa del Estado, pero no eliminarla”.

La comunidad espera la decisión del Consejo de Estado y un pronunciamiento oficial sobre las medidas para mejorar la protección de líderes políticos y figuras públicas ante amenazas recurrentes.

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