📸 Imagen cortesía Asobancaria – Redes Sociales
¿Abandono con costo? La renuncia que sacude la izquierda colombiana
En la madrugada del 15 de octubre de 2025, Medellín fue testigo de un nuevo giro político cuando Daniel Quintero, exalcalde y precandidato presidencial del Pacto Histórico, anunció su renuncia a la consulta que definiría al candidato de la coalición de izquierda. Un gesto que resonó más allá de las urnas, generando incertidumbre jurídica y cuestionamientos económicos en el entramado electoral colombiano.
Esta renuncia no solo es una retirada personal; implica disputas legales y financieras. La ley colombiana es clara: quienes abandonan consultas internas deben reintegrar proporcionalmente los gastos incurridos. En este caso, más de 123 mil millones de pesos del erario público están en juego. El Consejo Nacional Electoral (CNE) queda ahora con la tarea de determinar cuánto debe devolver Quintero, basándose en informes de la Registraduría Nacional. El peso de esta decisión presiona sobre el exalcalde y el proceso electoral en general.
La causa fundamental que motivó su salida parece ser el cambio de naturaleza de la consulta definido por el CNE. Originalmente una contienda interna del Pacto Histórico, la consulta fue reclasificada como un proceso interpartidista, modificando las reglas del juego y cerrando la puerta al ganador en la eventual consulta del Frente Amplio prevista para marzo de 2026. Esta decisión no solo fractura la unidad de la izquierda, sino que plantea interrogantes sobre las maniobras institucionales que pueden erosionar la confianza pública en la transparencia del proceso.
Mientras tanto, Iván Cepeda y Carolina Corcho mantienen firme su posición y continúan en la contienda electoral que tendrá lugar el 26 de octubre, intentando sostener la coalición ante la tormenta. Junto a ellos, la izquierda colombiana enfrenta un momento de desafío que redefine sus alianzas y estrategias.
¿Será esta renuncia una herida pasajera o el síntoma de un desgaste más profundo en los acuerdos políticos? La incertidumbre jurídica y económica que rodea la decisión de Quintero abre una ventana para reflexionar sobre la fragilidad de los procesos democráticos y la responsabilidad que conllevan quienes participan en ellos. La ciudadanía espera respuestas y resultados, mientras el reloj político avanza inexorable hacia 2026. ¿Podrá la izquierda reconstruir su unidad en medio de estas turbulencias? El tiempo, como en toda contienda electoral, es el juez definitivo.
