¿Tributo adelantado o golpe a la legalidad?
En la madrugada del 28 de mayo de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia publicó el polémico Decreto 0572, que anticipa el cobro de la **retención en la fuente** correspondiente al año siguiente, 2026, con la intención de fortalecer las finanzas públicas en el presente ejercicio fiscal.
Lo que el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, presenta como una medida para aliviar la presión sobre la **liquidez del Estado**, no ha sido recibido sin reparos. El decreto incrementa las tasas de retención en la fuente hasta en un 300 % en ciertos sectores, reduce los umbrales y expande el grupo de contribuyentes, afectando en concreto a empresas y personas naturales en todo el país desde el 1 de junio de 2025.
Apenas dos días después, el 30 de mayo, el partido opositor Centro Democrático, liderado por su director nacional, Gabriel Vallejo Chujfi, interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, argumentando que el decreto vulnera principios constitucionales fundamentales como la equidad tributaria, la progresividad y el debido proceso.
Los opositores denuncian que la norma modifica elementos esenciales del impuesto, como la base gravable y las tarifas, sin la intermediación del Congreso, lo que podría configurarse como un abuso del poder tributario del Ejecutivo. Vallejo Chujfi solicitó además la suspensión provisional del acto administrativo para evitar daños irreparables a la economía nacional y al patrimonio de los ciudadanos.
La ciudadanía y los sectores productivos permanecen expectantes. La incertidumbre ronda sobre si este mecanismo inédito de adelantar la retención sobre la renta traerá alivio o sembrará nuevas tensiones. ¿Podrá la justicia esclarecer si el decreto es una herramienta necesaria para enfrentar el déficit o un motivo más de desconfianza hacia las instituciones? Mientras tanto, Colombia vive el debate entre la urgencia fiscal y los límites del poder regulatorio.
