📸 Imagen cortesía D.R.A
La reciente demanda de nulidad presentada por el representante a la Cámara Alejandro Toro contra la llamada «tasa de seguridad» en Antioquia no es más que una jugada política calculada. No se trata de una cruzada jurídica en defensa del pueblo, sino de una estrategia oportunista para ganar titulares y capital político en un año donde ya se respira campaña electoral-
El representante Alejandro Toro, quien suele escoger temas mediáticos, llega ahora para «defender el bolsillo ciudadano” para atacar lo que él llama un “cobro ilegal, inconstitucional y abusivo” luego de que esta tasa de seguridad ya se recogiera en Antioquia.
El discurso es perfecto para las redes sociales: sencillo, incendiario y sin matices. Mientras Antioquia enfrenta una crisis de seguridad real: con crecimiento en extorsiones, presencia de estructuras criminales y zonas rurales secuestradas por el miedo, Alejandro Toro se centra en torpedear el intento de financiación del gobernador de Antioquia para enfrentar el delito, sabiendo que el Gobierno Nacional, hasta el momento, no se ha hecho frente ante la situación en el departamento. Toro no propone alternativas ni mecanismos para financiar la seguridad.
No habla de reformar presupuestos, ni de uso eficiente de recursos, ni de vigilancia anticorrupción. Nada. Su único objetivo es tumbar la tasa y culpar al Gobernador y a la Asamblea Departamental. Alejandro Toro habla de 580.000 familias afectadas, pero guarda silencio sobre las miles que hoy están sometidas al cobro de extorsiones del “gota a gota” criminal.
Habla de abusos del Estado, pero calla ante abusos del crimen organizado. No hay coherencia. Hay agenda. La seguridad de Antioquia no puede convertirse en un ring político para quienes viven de la polémica y no de los resultados.
Si Alejandro Toro realmente quiere defender a los antioqueños, que presente alternativas claras de financiación, que denuncie corrupción sí la hay y que trabaje por fortalecer las instituciones. Lo demás es puro teatro electoral.
