📸 Imagen cortesía: Cuenta de X Iris Marín. Imagen de Referencia
¿Paridad o presión?
Este lunes 1 de septiembre de 2025, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, agitó el debate político y judicial en Colombia con una exigencia poco habitual: garantizar la equidad de género en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Este llamado público, crucial por coincidir con la evaluación de la terna en el Senado, que solo incluye a una mujer entre dos hombres, puso bajo la lupa la delgada línea entre la promoción de derechos y la posible injerencia en un proceso que debería ser autónomo.
La figura de Iris Marín no es ajena a la controversia. Recientemente ratificada como la primera mujer en comandar la Defensoría del Pueblo tras una demanda contra la legalidad de su designación, su voz cobra aún más relevancia. En palabras de la propia Marín, “el Senado tiene la responsabilidad de discutir con respeto al principio de independencia, autonomía e imparcialidad de la Rama Judicial, incluso frente a presiones políticas”. Sin embargo, fue enfática al señalar que las “tachas serias y concretas” contra algunos candidatos parecieran ser soslayadas en la decisión, aunque no especificó a quiénes se refería ni aportó pruebas que fortalecieran su argumento.
Las consecuencias no tardaron en llegar. Daniel Briceño, concejal de Bogotá, cuestionó su supuesta parcialidad e inconsistencia, recordando que en otras candidaturas controvertidas la Defensora guardó silencio, pero ahora parece “hacer campaña abierta” por la única mujer en la terna, la candidata Balanta. En paralelo, la senadora Isabel Zuleta, voz representativa del Pacto Histórico, criticó lo que percibe como omisiones selectivas en la defensa de los derechos de las mujeres por parte de Marín, preguntando retóricamente dónde estaba la Defensora cuando se debatían otros casos con incidencia femenina.
Así, lo que parecía una demanda legítima por la inclusión y la igualdad de género se transformó en una polémica que abre preguntas sobre la influencia que pueden ejercer altos funcionarios en procesos que, en teoría, deben transcurrir con total independencia. ¿Es la apuesta por la paridad una reivindicación justa o un elemento de presión política? Mientras el Senado toma una decisión que marcará el rumbo de la justicia constitucional, la incertidumbre y la tensión persisten.
La ciudadanía observa y cuestiona, consciente de que detrás de la formalidad de la elección hay debates más profundos sobre imparcialidad, género y poder. ¿Podrá Colombia avanzar hacia una justicia que concilie estas tensiones o seguirá atrapada entre demandas legítimas y sospechas sobre el juego político? En el corazón del debate, el tiempo dirá quién da el primer paso hacia una verdadera equidad, y a qué costo.
