📸 Cortesía: captura de pantalla X @DefensoriaCol
Alerta por posible uso político de testimonios de exparamilitares en las elecciones de 2026
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta este lunes 6 de octubre de 2025 ante el riesgo de que testimonios de 16 exjefes paramilitares designados como “gestores de paz” sean usados con fines políticos en las próximas elecciones presidenciales y legislativas, informó la entidad. La designación fue ordenada por el Gobierno mediante la Resolución 327 de 2025, que autoriza la participación de estos excombatientes en procesos de verdad y reconstrucción social hasta agosto de 2026.
El organismo señaló que incluir la revelación de la verdad de exparamilitares en el calendario electoral podría afectar directamente las candidaturas y abrir la posibilidad de instrumentalizar políticamente la justicia transicional. “Vincular la revelación de la verdad de excombatientes con el calendario electoral puede generar efectos directos sobre las candidaturas y abrir la puerta a la instrumentalización política de la justicia transicional”, advirtió Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo. Además, alertó sobre el riesgo de que la memoria y el dolor de las víctimas se utilicen con propósitos distintos a la reparación y la justicia, lo que comprometería la legitimidad de estos procesos.
La Resolución 327, defendida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, hace parte de la política de Paz Total. Este decreto permite que antiguos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Don Berna participen en actividades de reconstrucción de la verdad en territorios afectados por la violencia, coordinadas por una mesa técnica interinstitucional. Sin embargo, organizaciones de víctimas y sectores sociales han expresado su preocupación por la falta de supervisión judicial en este nuevo proceso, a diferencia de los modelos anteriores como la Ley de Justicia y Paz, y alertan sobre la posibilidad de revictimización debido a la exposición pública durante el contexto electoral.
La Defensoría del Pueblo enumeró seis preocupaciones principales, entre ellas la ausencia de control judicial sobre los gestores de paz, y el riesgo de que los casos de las víctimas sean usados como herramientas electorales. Ante esta situación, la entidad insiste en la necesidad de garantizar la independencia de la justicia y proteger a las víctimas durante estos procesos.
La Alcaldía hace un llamado a la sociedad y autoridades a estar vigilantes frente a este escenario para evitar que los derechos de las víctimas sean vulnerados en el marco electoral. Se espera que las instancias responsables refuercen los mecanismos de control y acompañamiento durante la vigencia de la Resolución 327 de 2025.
