📸 Imagen cortesía Defensoría del Pueblo
Alerta electoral en Colombia: ¿a tiempo para proteger la democracia?
Este martes 7 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo encendió una luz en rojo con la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026. En medio de un país que se prepara para las decisivas elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo de 2026, la defensora Iris Marín Ortiz presentó en Bogotá un llamado urgente para evitar que los comicios se vean ensombrecidos por amenazas a los derechos civiles y políticos.
Más de 600 municipios colombianos están bajo la lupa del informe oficial, que no deja margen para la complacencia. De ese total, 62 son casos de riesgo inmediato, 162 requieren atención urgente, mientras que otros 425 y 216 son señalados para atención prioritaria y observación constante, respectivamente. Estas cifras no son arbitrarias: se sustentan en un riguroso análisis de 14 variables de riesgo, en combinación con la extensa presencia territorial de la Defensoría. El mapa del peligro tiene rostros claros: el suroeste —con Cauca, Nariño y Valle del Cauca al frente— y el noroeste, junto al Catatumbo, expuestos a la influencia persistente de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo.
Iris Marín bajó el tono de alarma pero no la atención: “Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Son advertencias técnicas para proteger a la ciudadanía y fortalecer la democracia”. En un contexto donde la violencia política ha minado la confianza, esta alerta se convierte en un faro preventivo. Para ello, el documento propone 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes estratégicos, buscando una coordinación férrea entre las instituciones responsables.
Entre las directrices, el Ministerio del Interior debe armar con precisión las instancias territoriales que garanticen elecciones libres y seguras. La responsabilidad recae también en el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, llamados a blinda la protección necesaria, especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad. La Defensoría insiste en que estas medidas no sean solo palabras al viento sino acciones concretas que rescaten el derecho fundamental a votar sin miedo.
Mientras la cuenta regresiva avanza, Colombia enfrenta el reto de conjurar un escenario electoral en que los riesgos no se traduzcan en exclusión ni violencia. ¿Estarán a la altura los mecanismos institucionales para blindar a la ciudadanía? Esta alerta temprana es más que un reporte: es una invitación a no repetir el silencio de pasadas tragedias políticas. Porque, al final, lo que está en juego es la legitimidad de un proceso que debe ser la ventana limpia por donde asome una democracia más humana y segura.
