Ante la crítica situación de vulneración de derechos humanos en la zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos de la comunidad y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). La entidad rechaza las acciones que han desplazado a los habitantes de la zona, como la siembra de minas antipersona, los desplazamientos individuales y la prohibición del ingreso de alimentos y combustibles.
La Defensoría también exige que no se instrumentalice a los campesinos, trabajadores y humildes, quienes se ven obligados a realizar manifestaciones contra la fuerza pública. Asimismo, se repudia de manera categórica el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes por parte de estos grupos ilegales, práctica cruel que va en contra de las normas del DIH.
Además, se denuncia la modalidad de homicidio implementada por estas estructuras criminales, en la que no se permite a los parientes trasladar los cuerpos a los cascos urbanos ni reportar su fallecimiento, obligándolos a enterrarlos en zonas rurales para evitar el registro de estos crímenes.
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La subregión del Bajo Cauca antioqueño, donde se ha agudizado el conflicto armado en los últimos años, requiere condiciones de seguridad adecuadas. Por ello, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los entes nacionales y territoriales, así como a las fuerzas del orden, para que brinden protección a todos los habitantes de Cáceres y sus alrededores.
La Defensoría del Pueblo exigió que estas organizaciones criminales no afecten a la población civil y respeten sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad, la movilidad y la alimentación, así como sus derechos económicos y sociales.
