Defensoría le pide al ELN levantar paro armado en Chocó

El grupo Ernesto Che Guevara, perteneciente al Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha anunciado un nuevo paro armado indefinido en los ríos Cajón, Sipí y San Juan, así como en los municipios de Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Sipí y Litoral del San Juan, incluyendo sus zonas rurales.

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Esta acción ha generado preocupación y críticas, especialmente del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien ha instado al grupo a levantar el paro armado debido a las graves afectaciones a los derechos fundamentales de la comunidad, como la restricción de la movilidad y el abastecimiento de alimentos.

La región ha experimentado enfrentamientos continuos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y el ELN, con el control territorial y poblacional de varios municipios en disputa. La situación se agrava con este nuevo paro armado, que afecta a más de 80 comunidades étnicas, aproximadamente 10.000 personas. Además, Chocó es el departamento con más confinamientos en el país, con 125 eventos reportados en lo que va del año 2023.


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Además, el Defensor del Pueblo, envió una carta al equipo negociador del Gobierno Nacional con el ELN, con motivo del inicio del quinto ciclo de conversaciones. En la carta, el Defensor del Pueblo reitera la exigencia al ELN de respetar los derechos humanos y cumplir con las obligaciones establecidas en el derecho internacional humanitario (DIH). Se hace especial énfasis en la solicitud de que el ELN renuncie al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y entregue de manera inmediata a los menores de edad que estén en sus filas de manera forzosa.

El Defensor del Pueblo también destaca la importancia de cesar las retenciones arbitrarias, detenciones y secuestros, prácticas que violan los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad. Insta al equipo negociador del Gobierno a exigir al ELN cumplir con lo dispuesto en el DIH, que incluye no secuestrar, no reclutar menores de edad y cesar cualquier práctica que afecte a la población colombiana.

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