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¿Comercio en jaque por carbón y política?
En la mañana del jueves 2 de octubre de 2025, el Consejo de Estado recibió una demanda que busca revertir una medida gubernamental con consecuencias que trascienden la economía y rozan lo político y social.
Cambio Radical, a través de su director Germán Córdoba Ordóñez, enfrenta la decisión presidencial que prohíbe la exportación de carbón a Israel, tildándola de “ilegal e inconstitucional”. La demanda impugna los decretos firmados por el Ejecutivo con el respaldo de cuatro ministerios, alegando que la prohibición viola el derecho al comercio internacional y carece de justificación técnica sólida. Córdoba sostiene que no hay pruebas claras de que el carbón colombiano abastezca fines militares en el conflicto en Gaza, argumento con el que el presidente Gustavo Petro justificó la medida.
Las cifras hablan por sí mismas: Colombia exportó cerca de 375 millones de dólares en productos minero-energéticos hacia Israel solo en los primeros ocho meses de 2023, con el carbón térmico siendo el motor principal de ese intercambio. La suspensión de estas exportaciones no solo afecta las arcas nacionales, sino que también pone en jaque las regiones productoras, donde empleos, regalías y estabilidad social están en riesgo. Córdoba advirtió: “No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer compromisos internacionales”.
La demanda incluye una petición para suspender de manera provisional la aplicación de estos decretos mientras se resuelve el fondo del asunto; sin embargo, la incertidumbre crece en torno al impacto económico y político que esta sanción genera. ¿Se podrá sostener un equilibrio entre solidaridad internacional y responsabilidades nacionales sin que el costo lo paguen las comunidades productoras? Lo cierto es que, mientras la justicia toma su curso, el carbón colombiano enfrenta un apagón inédito que puede erosionar más que solo cifras en una balanza comercial.
