Demanda frena construcción del salón en Casa Blanca de Trump

Un grupo estadounidense demanda para suspender la obra del salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca

El viernes 12 de diciembre de 2025, la organización National Trust for Historic Preservation presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Washington D.C. para frenar la construcción del nuevo salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca, aduciendo que la demolición parcial comenzó sin las revisiones legales requeridas por protección histórica.

El proyecto, financiado por el presidente Donald Trump y otros donantes privados, incluye la edificación de un salón de unos 90.000 pies cuadrados destinado a eventos oficiales. La demolición, en marcha desde al menos octubre de 2025, afecta un edificio con alta carga simbólica, tradicionalmente espacio de oficinas para las primeras damas y actos ceremoniales. El grupo demandante reclama que no hubo consulta ni autorización formal del Congreso ni procesos de participación ciudadana, incumpliendo leyes federales sobre preservación y uso de suelo en propiedades públicas.

“Ningún presidente tiene autorización legal para derribar partes de la Casa Blanca sin ninguna revisión —ni el presidente Trump, ni el presidente Biden, ni nadie más—. Y ningún presidente tiene autorización legal para construir un salón de baile en propiedad pública sin dar al público la oportunidad de opinar”, afirmó un representante del National Trust for Historic Preservation, quien subrayó la necesidad de respetar protocolos de preservación histórica y transparencia.

La Casa Blanca ha defendido esta obra calificándola como una modernización esencial del complejo presidencial, pero ante la ausencia de un proceso formal que valide las acciones, la demanda señala que las obras deben suspenderse hasta que se complete el trámite correspondiente, que incluye el visto bueno y la consulta pública.

Se espera que el Tribunal decida en los próximos días sobre la suspensión temporal de las obras. La demanda es un llamado a respetar las normas para evitar daños irreversibles a un patrimonio considerado nacional, mientras las autoridades y ciudadanos están atentos al resultado del proceso judicial.

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