📸 Cortesía: Presidencia
Una demanda al Consejo de Estado desafía la apuesta de Petro por una nueva Constitución
El miércoles 25 de junio de 2025, en un nuevo capítulo de la política colombiana, se presentó ante el Consejo de Estado la primera demanda que busca frenar la iniciativa del presidente Gustavo Petro para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta acción judicial, interpuesta por el abogado constitucionalista Germán Calderón España, reclama que el mandatario suspenda el proceso de convocatoria, cuestionando la legalidad y los daños que esta podría causar a derechos fundamentales.
La demanda profundiza en los argumentos que sostienen una posible amenaza a la democracia. Calderón España advierte que la propuesta presidencial vulneraría el derecho al debido proceso, el principio de legalidad y las normas establecidas para la organización tanto de una Asamblea Constituyente como de una Consulta Popular. Además, denuncia que la convocatoria pondría en juego los derechos políticos de quienes se oponen a este proceso.
El trasfondo del conflicto se desató tras el anuncio público de Petro de consultar a los colombianos en marzo de 2026, en paralelo con las elecciones al Congreso, sobre el deseo de crear una Asamblea que reforme la Constitución vigente desde 1991. Esta propuesta ha desatado un intenso debate en los ámbitos políticos, académicos y sociales, evidenciando la fractura existente sobre la forma y legitimidad del cambio constitucional.
En este escenario, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha salido en defensa de la iniciativa, argumentando que Colombia necesita una nueva Constitución que abra paso a reformas sociales profundas, y que la consulta ciudadana representa el camino adecuado para abrir ese proceso. Sin embargo, voces expertas en derecho constitucional y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, han recalcado la obligatoriedad de que esta convocatoria pase primero por el Congreso de la República, a través de la aprobación de una ley que delimite los términos y garantías del proceso.
Así, mientras la puja legal y política se intensifica, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿podrá un presidente saltar los cauces legales tradicionales para impulsar una transformación con la legitimidad que el país reclama? La tensión entre voluntad popular y marco jurídico apenas comienza a abrirse camino.
