📸 Imagen cortesía D.R.A
¿Democracia en pausa en el Oriente antioqueño?
Faltan apenas diez días para que los habitantes de ocho municipios del Oriente antioqueño acudan a las urnas para decidir sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Sin embargo, la consulta popular programada para el 9 de noviembre de 2025 enfrenta un obstáculo que ha encendido las alarmas: la ausencia de recursos esenciales para su realización.
Las voces no tardaron en elevarse. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, junto con otros líderes regionales y autoridades locales, denunciaron la falta de garantías logísticas y financieras para asegurar la transparencia y plena participación ciudadana. Según afirmaron, el Ministerio de Hacienda no ha transferido los fondos indispensables a la Registraduría Nacional, la entidad encargada de organizar el proceso. Esta omisión, sostienen, amenaza con dilatar uno de los ejercicios democráticos más esperados en la subregión.
La preocupación de Rendón no es un reclamo aislado, sino un grito por igualdad y equidad. Recordó que durante la consulta sobre el Pacto Histórico en la misma región, las garantías estuvieron presentes. “El presidente Gustavo Petro no puede pisotear la democracia, ni mucho menos poner en riesgo el futuro administrativo de una subregión tan importante como es la del oriente”, afirmó con vehemencia, señalando la aparente doble vara del Gobierno Nacional.
Pero, ¿de qué se trata esta consulta? Los ciudadanos de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente están llamados a decidir si apoyan la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Esta figura administrativa se propone como un puente para impulsar la integración regional en temas cruciales como movilidad, planificación y desarrollo sostenible, elementos vitales para el crecimiento ordenado y armónico del territorio.
El Consejo Nacional Electoral ha confirmado la inscripción de 54 organizaciones ciudadanas, lo que refleja un pluralismo vibrante: 39 respaldan el sí y 15 promueven el no. La consulta, en esencia, es también un espejo de la diversidad de opiniones que conviven en la región.
Sin embargo, la sombra de la incertidumbre persiste. ¿Podrán los ciudadanos ejercer su derecho sin contratiempos? La falta de recursos para la Registraduría dibuja un panorama preocupante, un vacío que podría erosionar la confianza en un proceso fundamental para la construcción democrática local.
Mientras las fechas avanzan inexorables, la pregunta que flota en el aire es clara: ¿Garantizará el Gobierno Nacional las condiciones para que esta consulta se lleve a cabo con la transparencia y legitimidad que merece? O, en cambio, ¿se dilatará un proceso que busca juntar voluntades para definir el futuro de todo un valle? El tiempo comienza a apretar, y el reloj democrático no espera.
