📸 Cortesía: Pablo Salgado – CAMBIO
¿Presidencia en jaque?
Una denuncia inesperada sacude la mañana del martes 8 de julio de 2025 en Colombia. Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el presidente Gustavo Petro enfrenta una acusación formal por presunta violación del artículo 196 de la Constitución, mal uso de recursos públicos y viajes al extranjero no informados al Congreso. La denuncia la presenta Pedro Santiago Rodríguez, consultor político experto en asuntos de gobierno, quien advierte que los hechos podrían involucrar infracciones constitucionales y administrativas que exigen una exhaustiva investigación.
Los focos de esta polémica giran en torno a dos viajes presidenciales recientes. El primero, al vecino Ecuador, donde Petro debía estar únicamente en Quito del 24 al 26 de junio, en la ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, el presidente aterrizó en Manta, ciudad costera, sin que existieran registros oficiales ni notificaciones formales al Senado o a la Corte Suprema, como dicta el artículo 196. Además, durante su estancia, Petro publicó en redes que dedicaba su tiempo a escribir un libro, actividad poco compatible con una misión diplomática oficial.
El segundo viaje en cuestión llevó a Petro a Francia y España entre el 27 de junio y el 3 de julio. Aunque la agenda publicada señalaba reuniones previstas dentro del marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), documentos y testimonios indican discrepancias en las actividades realizadas respecto al plan oficial, abriendo dudas sobre el uso transparente de recursos públicos.
Este cuestionamiento a la acción presidencial no llega en un vacío. La Constitución es clara al establecer que el presidente, o quien haga sus veces, debe informar a las altas instancias legislativas y judiciales cada traslado al exterior durante su mandato. La omisión podría constituir, incluso, abandono del cargo, un extremo que Pedro Santiago Rodríguez hace explícito en su denuncia.
Hasta ahora, las autoridades preparan la revisión formal del caso, mientras la opinión pública observa con expectativa y cierta inquietud. Los interrogantes que surgen son múltiples: ¿qué motivos reales podrían ocultarse tras estos viajes poco claros? ¿Podrá la Comisión de Acusación esclarecer si hubo violación constitucional o simplemente una falla administrativa? La coyuntura política se tensa y con ella, la confianza en la transparencia del ejecutivo.
Mientras tanto, Colombia queda a la espera de respuestas que no solo despejen la incertidumbre judicial, sino que aporten luz sobre la ética y la responsabilidad en el ejercicio del poder. Porque en manos del presidente no solo está un cargo, sino la legitimidad para ejercerlo sin sombras ni silencios. ¿Podrá la justicia avanzar entre tantas sombras?
