Departamento de Justicia de EE.UU. investiga gobernador y alcalde de Minnesota por posible obstrucción a ICE
En las últimas horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación penal contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por supuestamente entorpecer las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad, caso que genera alta tensión social.
El proceso se inició tras múltiples protestas en Minneapolis debido a un despliegue federal de cerca de 3.000 agentes y luego del tiroteo fatal de Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años, ocurrido el 7 de enero durante un operativo de ICE. Adicionalmente, un segundo tiroteo en la zona dejó herido a un inmigrante venezolano. Las voces críticas de Walz y Frey contra la acción federal son investigadas bajo la posibilidad de que hayan conspirado para impedir la labor oficial de inmigración.
“Estamos enfrentando cercos gubernamentales con agencia y sentido político”, declararon funcionarios vinculados a la defensoría de ambos políticos, quienes negaron la recepción oficial de citaciones y denunciaron una “persecución política disfrazada de proceso legal.” Por su parte, la Fiscalía General estadounidense señaló que los líderes locales “han incentivado protestas que se traducen en violencia” contra agentes. Respondiendo a estas situaciones, la jueza federal Katherine Menendez impuso medidas para garantizar protestas pacíficas.
Este conflicto se desarrolla en Minneapolis y alrededores desde el inicio del 2026, ratificando un ambiente tenso que recuerda las remecidas sociales de 2020. A la vez se mantienen operativos conjurados con despliegue de la Guardia Nacional con el fin de traer estabilidad acompañada por supervisión judicial sobre el proceder federal. La Alcaldía continúa llamando a la calma y seguridad, prvenientes anotar posibles denuncias al ejecutar operativos pendientes.
Las autoridades aconsejan a la ciudadanía abstenerse de acciones violentas y atender el curso judicial respecto al proceso abierto contra enviados y responsables estatales para evaluar su cumplimiento hipotecante en materia de política migratoria y orden público. El escenario político y social dejó claro un llamado urgente para evitar enfrentamientos futuros y atuendo de vías legales.
