Después de varias semanas de discusión, y de casi veinte años de pensado, por fin la ONU anunció la creación de un tratado que vele por la seguridad de las aguas en altamar. Este tratado es histórico, pues busca proteger el 30 % de las aguas que se encuentran por fuera de jurisdicciones nacionales.
En un nuevo intento por conservar la vida marina, que junto a los bosques es la proveedora de oxígeno al planeta, el sábado en Nueva York los países miembros de esta organización llegaron a un consenso sobre los mecanismos a seguir para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina de altamar.
Además, otro de los objetivos que se adoptaron fue el de proponer la creación de áreas marinas protegidas. Estas determinaciones se decidieron al evidenciar que las aguas de altamar son objeto de pesca industrial, rutas de comercio mundial, actividades de exploración y, cómo no, actividades ilegales.
Podría interesarle: Colombia solicitará ante la ONU despenalizar la planta de coca
Aunque aún no se ha firmado el tratado, se espera que las estrategias y los resultados estén vinculados con su propósito para 2030, y que sean los mismo países miembros quienes se comprometan a evaluar y desarrollar planes de conservación y de restauración del 30 % de las zonas marítimas degradadas.
Una vez entre en vigor, y los países miembros lo hayan ratificado, también deberán incorporarlo dentro de sus legislaciones nacionales. Por el momento, se está a la espera de la validación técnica de los términos utilizados y su traducción a los seis idiomas oficiales de la ONU.
¿Quién es la gestora de este tratado?
A pesar de que en agosto del año pasado las conversaciones para lograr este acuerdo se veían estancadas, Rena Lee siguió convocando incansablemente a las asambleas que pudieran gestar lo hoy comunicado.
Lee es embajadora de Singapur para los Asuntos de Océanos y Derechos del Mar, además de haber sido electa como presidenta de la Conferencia sobre la Diversidad Biológica Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional de la ONU y es miembro de la Comisión Legal y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
