Colombia enfrenta una nueva etapa en la lucha contra las drogas con un aumento histórico en incautaciones, un cambio hacia la sustitución de cultivos y una tensión diplomática con Estados Unidos, que en septiembre de 2025 decidió descertificar al país como aliado contra el narcotráfico.
El conflicto actual mezcla la ofensiva contra grupos criminales, la transformación de los territorios cocaleros y la disputa político-diplomática acerca del modelo de guerra antidroga. Los protagonistas son el Gobierno de Gustavo Petro junto con las Fuerzas Armadas, los carteles y grupos armados como el Clan del Golfo, y el Gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, cuyos esfuerzos se han vuelto más duros frente a Colombia.
La situación se agudizó con el anuncio de Estados Unidos el 15 de septiembre de 2025 sobre la descertificación, que afecta la cooperación en materia antinarcóticos y pone en duda los avances logrados por el país. Además, en 2024 la producción potencial de cocaína alcanzó 3.001 toneladas, una cifra dada a conocer por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, que el Gobierno ocultó inicialmente, generando polémica.
Esta guerra contra las drogas tiene lugar principalmente en zonas rurales y fronterizas como Tibú, Tumaco, Puerto Asís y El Tambo, donde está casi la mitad de los cultivos de coca, así como en rutas marítimas clave en el Caribe y pacífico donde se intensificaron las acciones de interdicción.
El cambio de estrategia responde a la crítica del Gobierno al modelo tradicional de represión basada en fumigaciones, considerado ineficaz, y a la urgencia de atacar causas estructurales como pobreza y abandono estatal en esas regiones. «La guerra contra las drogas le sirve al narcotráfico», afirmó Gustavo Petro, quien promociona la sustitución voluntaria de cultivos y el desarrollo rural como la vía más efectiva.
Los datos muestran estos esfuerzos: se han incautado más de 1.900 toneladas de cocaína en 30 meses de mando de Petro y la erradicación manual y autorização voluntaria de cultivos pasó de 2.711 hectáreas en 2024 a 22.433 en 2025. A la par, se adelantan negociaciones con algunos grupos armados como el Clan del Golfo para poner fin a la violencia, mientras siguen las operaciones militares y las gestiones para impulsar un nuevo enfoque internacional sobre la política antidrogas.
La disputa entre Colombia y Estados Unidos marca un giro importante que mantiene la alerta sobre los próximos pasos en esta compleja batalla por la paz y el control territorial. La administración local insiste en priorizar la vida, la salud pública y la estabilidad territorial como el verdadero camino para mitigar esta crisis regional.
