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La Corte Suprema de Justicia presenta división sobre posible investigación a la senadora Isabel Zuleta por interferencia en operativos contra bandas criminales
En las últimas horas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema inadmitió una denuncia penal contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, integrante del Pacto Histórico, por presuntas presiones para evitar capturas contra bancos criminales. Sin embargo, el magistrado Misael Rodríguez discrepó y argumentó que había pruebas suficientes para una investigación preliminar, lo que reaviva el debate en torno a su participación en diálogos con estructuras delictivas.
La denuncia, sustentada en declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asegura que Zuleta gestionó ante altos mandos de la Policía liberar a alias “Yordi”, jefe de la banda La Terraza. Según estas fuentes, supuestamente presionó para detener la captura alegando riesgos para procesos de paz sociojurídicos. El joven fue dejado libre por un juez debido a insuficiencia de pruebas. Para la mayoría de la Sala, los testimonios no encontró acciones concretas de ilegalidad atribuidas a la senadora, pero Rodríguez consideró que sí había mérito para abrir investigación, especialmente sobre órdenes de captura, procedimientos y grado de vinculación en estas gestiones.
Este hecho está relacionado con el “tarimazo” ocurrido en julio de este año en el Centro Administrativo La Alpujarra, donde criminales hicieron ingreso al evento fortaleciendo un diálogo promovido por el Gobierno nacional y con presencia del presidente Gustavo Petro. En este marco, se sostiene que Zuleta actuó como mediadora en espacios de paz urbana, aunque habría obstaculizado operativos contra esas organizaciones.
Paralelamente, otras denuncias involucran a la congresista con presiones para detener ofensivas militares contra el Clan del Golfo y grupos armados en municipios de Antioquia como Ituango, Briceño y Amalfi. Desde una llamada reportada el 17 de julio de 2023 se apunta a un supuesto silencio de bomba en un combate, bajo el argumento no confirmado de evitar daños a mineros, hecho citado después a pesar de la baja de dos soldados and estado naval المصادرة beiulصيدة el riesgo operativo.
Ante estas situaciones, el concejal Alejandro de Bedout presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema por posibles conductas de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Además, el Consejo de Estado ordenó recopilar pruebas para iniciar proceso de pérdida de investidura relacionado al “tarimazo”, solicitando información a diversas entidades públicas, entre ellas el Senado y Presidencia de la República.
Este lunes 15 de diciembre, el ministro de Defensa Pedro Sánchez convocó a la cúpula militar y policial para reunirse y discutir sobre las supuestas interferencias en operativos, las cuales están ya en conocimiento también de entidades como la Fiscalía y el propio Mindefensa. Zuleta ha defendido su accionar considerándolo ejercicio de control político y protección de derechos humanos, destacando “el respeto a la distinción entre combatientes y civiles”.
Aunque no existen imputaciones formales contra la senadora ni resolución definitiva, el salvamento de voto dentro de la Sala mantiene en escena el debate judicial sobre los límites de la mediación política con grupos armados ilegales en territorio colombiano. Las autoridades continúan atentos y con activa vigilancia ante cualquier eventualidad que pueda surgir producto de esta materia en conflicto.
