📸 Imagen cortesía: Fiscalía General de la Nación
¿Dónde está la justicia en la salud?
Este martes 15 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro lanzó una severa advertencia pública desde la Casa de Nariño, preocupando a toda Colombia. En una transmisión nacional, cuestionó el silencio y la inacción de la Fiscalía General, encabezada por Luz Adriana Camargo, sobre la oscilante investigación de la deuda del sistema de salud, que suma oficialmente 25.000 millones de dólares.
Según Petro, al menos 2,71 billones de pesos del presupuesto sanitario “no aparecen”, un vacío que no solo es financiero, sino también ético. Calificó esta irregularidad como un “crimen de lesa humanidad”, urgiendo una contabilidad forense inmediata para rastrear el paradero de esos recursos públicos destinados a clínicas, hospitales y pacientes. Denunció que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) duplicaron su deuda con las instituciones médicas en apenas un año, mientras el Estado transfirió 87,89 billones de pesos y solo se reportaron ingresos por 85,18 billones, una discrepancia que no ha sido explicada ni esclarecida.
“El país pregunta: ¿dónde está la fiscal que no investiga? ¿Por qué no se ha ordenado la contabilidad forense para dar claridad a estos fondos? Esto es el mayor robo”, insistió Petro, demandando la celeridad que la burocracia judicial no ha mostrado hasta ahora. A pesar de la magnitud del desfalco y las denuncias públicas, no se ha abierto ningún proceso penal contra los posibles responsables, una demora que contrasta con las rápidas actuaciones en otros escándalos de corrupción que ocuparon titulares.
Este llamado de atención acontece en un contexto tenso y agitado dentro del Gobierno, donde Petro también reprochó a varios de sus ministros, atisbando traiciones y falta de compromiso con el mandato que lo llevó al poder en 2022. Anunció además una restructuración en su gabinete, como respuesta a una crisis interna que suma incertidumbre a la ya compleja escena política y social.
Mientras la deuda sanitaria sigue creciendo y la ciudadanía reclama respuestas, la pregunta permanece: ¿podrá la Fiscalía actuar con la diligencia que exige el país o el silencio seguirá consumiendo los recursos y la confianza pública? En un sistema donde la salud es un derecho y no un negocio, la espera desespera.
