Ecuador y Colombia intensifican conflicto comercial con aranceles y medidas recíprocas en electricidad y petróleo
En la última semana, Ecuador y Colombia elevaron la tensión comercial bilateral tras la decisión de Ecuador de aplicar aranceles del 30% a productos colombianos a partir del 1 de febrero, mientras Bogotá respondió con medidas similares y restricciones energéticas, afectando un comercio anual estimado entre 800 y 1.900 millones de dólares.
El origen del choque fue el 21 de enero de 2026, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció una “tasa de seguridad” que grava con un 30% las importaciones provenientes de Colombia. Esta acción responde a deficiencias en el control fronterizo frente a actividades delictivas como narcotráfico y minería ilegal, además del reporte de un déficit comercial no petrolero de Ecuador calculado en 919 millones de dólares. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador implementará la medida, que excluye productos considerados humanitarios, energia eléctrica y transporte de hidrocarburos.
La reacción colombiana fue rápida: el 22 de enero, la energía eléctrica que se exporta a Ecuador fue suspendida para priorizar el consumo doméstico ante su irregularidad climatológica, afectando al 8% del consumo total ecuatoriano de 2025 y comprometiendo la estabilidad energética con posibles apagones. Además, desde el 23 de enero, Colombia estableció aranceles del 30% a veintitrés partidas de productos ecuatorianos, entre ellos arroz, frijoles, plátanos, aceites, azúcar, neumáticos y calzado, en una medida que busca equilibrar la balanza comercial y que es reversible con evaluación técnica.
Por su parte, Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares por barril la tarifa de transporte del crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, eleven do en un 900% los cobros desde el 23 de enero, lo que impacta las exportaciones petroleras hacia la frontera amazónica. La ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, confirmó avances en decretos para ampliar estos gravámenes, mientras el presidente Gustavo Petro aboga por diálogo en encuentros internacionales.
El pulso comercial repercute en sectores estratégicos de ambos países. Colombia es un comprador clave para 580 empresas ecuatorianas, mientras Ecuador depende en gran medida de las importaciones desde Colombia, especialmente fuera de la industria extractiva no minera. ñ Variedad de industrias, entre ellas plásticos con 140.000 empleos directos, pesca con ingresos por 180 millones de dólares en en conserva, y cultivos de arroz con 65.000 toneladas anuales, sufren los efectos de la escalada entre alzas de precios, obstáculos logísticos y un aumento en posibles actividades de contrabando fronterizo y en nodos comerciales como Guayaquil. Gremios sectoriales piden mesura, y organismos internacionales instan a encontrar soluciones.
“Estamos atentos y comprometidos en las gestiones para un restablecimiento rápido y equitativo de relaciones comerciales”, declaró con prudencia Diana Morales, ministra colombiana de Comercio. “Suele ser una situación compleja, pero cercana al diálogo. La suspensión de venta de electricidad solo demuestra la multidimensionalidad de esta controversia”, agregó.
Diversas voces insist en encontrar vías de diálogo ante las posturas firmes en ambos gobiernos. La cancillería colombiana alienta la resolución pacífica y bilateral del conflicto. El presidente Petro lamentó particularmente el cese en la exportación eléctrica considerando el impacto en las “poblaciones hermanas” de ambos países. Al cierre del 31 de enero aún no se concreta ningún acuerdo ni modificación entre las partes. Se mantiene incertidumbre en torno al inicio de aranceles establecido para el 1 de febrero.
La Comunidad Andina hace un llamado a que se busquen soluciones urgentes para controlar esta crisis que afecta directamente familias, sectores económicos y proyectos binacionales estratégicos. Se recomienda a los ciudadanos y empresarios seguir atentos a las recomendaciones oficiales e informarse mediante canales autorizados para mitigar el alcance de la afectación comercial y energética generada por esta disputa.
La crisis entre Ecuador y Colombia subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación y vigilancia –sobre todo en control fronterizo y logística cooperada– para evitar que el comercio legítimo y necesidades energéticas se vean afectados por decisiones políticas rápidas y retaliaciones inmediatas.
