Familia denuncia ante la CIDH la muerte de pescador colombiano en ataque de EE.UU. en el Pacífico
Una familia colombiana formalizó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la muerte de un pescador en un ataque militar de Estados Unidos registrado recientemente en aguas del Pacífico. Según los representantes legales, el hombre fallecido no presentó ningún vínculo con el narcotráfico, lo que podría configurar una ejecución extrajudicial.
Desde septiembre, la operación militar “Lanza del Sur” dirigida por Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 19 ataques en el Caribe y el Pacífico, cuatro en las inmediaciones de Buenaventura y dos en la franja marítima entre Colombia y Ecuador. Estos operativos están enfocados en desconectar las rutas de “narcoterroristas” que operan enlaces entre narcotraficantes y grupos armados ilegales, provocando más de 80 muertes en la región. Estructurado como un plan dentro de la política antidrogas bajo la administración de Donald Trump, el Comando Sur asegura que sus ataques se orientan contra embarcaciones asociadas a estas organizaciones.
“Estas operaciones están dirigidas contra organizaciones terroristas ligadas al narcotráfico utilizando inteligencia precisa», indicó Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU., defendiendo la actual política militar como una estrategia necesaria contra las redes delictivas en el Pacífico.
Ante esta situación, la Cancillería colombiana ha advertido que cualquier acción armada sin autorización viola la soberanía nacional y los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas. Por su parte, el presidente Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de posibles crímenes de guerra y respaldó la denuncia presentada por la familia ante la CIDH para esclarecer los hechos, exigiendo responsabilidad internacional acerca del ataque.
En un llamado a respetar el derecho internacional, las autoridades colombianas aconsejan prudencia mientras continúan las investigaciones, exigir transparencia y coordinar acciones conjuntas para proteger la integridad de la población civil en regiones costeras con riesgo de tomas militares ilícitas.
