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¿Carga o exclusión? La nueva frontera de las visas en EE. UU.
En la fría mañana del 6 de noviembre de 2025, un cable oficial del Departamento de Estado estadounidense, firmado por el secretario Marco Rubio, marcó un cambio de rumbo en la política migratoria del país. Bajo la administración de Donald Trump, se endurecieron los criterios médicos para otorgar visas: la obesidad y las enfermedades crónicas ya no son únicamente cuestiones de salud pública sino motivos válidos para negar el ingreso o la residencia a quienes buscan un nuevo comienzo en Estados Unidos.
Lo que antes se limitaba a la evaluación de enfermedades contagiosas, ahora amplía su mirada a condiciones como diabetes, cáncer, y afecciones cardíacas, respiratorias o mentales, bajo el argumento de evitar cargas económicas insostenibles para el sistema sanitario. El cable instruye a los funcionarios consulares a ejercer una discrecionalidad amplia, tomando en cuenta los posibles costos multimillonarios de tratamientos prolongados.
Sin embargo, esta directriz, divulgada inicialmente por *The Washington Post*, no transitó por los canales técnicos habituales, levantando sospechas y críticas. Diplomáticos y expertos legales advierten que este abrupto cambio puede abrir la puerta a decisiones arbitrarias, incluso discriminatorias. Vic Goel, abogado de inmigración en Reston, Virginia, no oculta su preocupación: “Negar visas por enfermedades comunes sin una base sólida es un retroceso grave”. Frente a esto, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, reafirma la postura oficial: “El Departamento de Estado tiene la autoridad centenaria para impedir la entrada de quienes podrían convertirse en una carga pública. El presidente Trump solo está poniendo en práctica esta norma para proteger a sus ciudadanos”.
Mientras tanto, el contexto global aporta una dimensión inquietante. Según la Organización Mundial de la Salud, un 16 % de los adultos en todo el mundo enfrenta la obesidad, y un 14 % padece enfermedades crónicas. Esta realidad social, no solo médica, choca con la nueva medida que, en apariencia, separa la salud del migrante de su dignidad y derecho al amparo.
Así, en plena década de un mundo globalizado pero fragmentado, Estados Unidos redefine quién merece cruzar sus fronteras. ¿Es esta política un acto responsable de protección o simplemente un filtro más para excluir y marginar? La duda permanece, tan pesada como la carga económica que pretende evitar. ¿Podrá la justicia internacional y el diálogo superar estas sombras que ahora tiñen el sueño americano?
