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¿Deportación a Guantánamo? La presión silenciosa que sacude la relación Colombia-Estados Unidos
Este lunes 29 de septiembre de 2025, la canciller colombiana Rosa Villavicencio reveló una inquietante presión de Estados Unidos sobre su país: la exigencia de aceptar la deportación inmediata de 33.000 migrantes colombianos indocumentados, con la amenaza implícita de enviar a algunos de ellos a la prisión de Guantánamo, en Cuba.
La declaración se produjo durante el foro “La Vorágine del Migrante Colombiano en el Mundo”, celebrado en Bogotá, evento que reunió a expertos y activistas para analizar la diáspora colombiana. Villavicencio denunció el trato que reciben miles de compatriotas en Estados Unidos y alertó sobre el riesgo que enfrentan: “Sentimos permanentemente una espada de Damocles diciéndonos que si no se deportan rápido a esos 33.000 migrantes con resolución de expulsión, los van a trasladar a Guantánamo”, afirmó con seriedad. Estas palabras resonaron con preocupación en el ámbito político y social nacional.
Este episodio no es aislado, sino más bien la manifestación más reciente de un conflicto migratorio y diplomático que ha escalado desde comienzos de 2025, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca y endureció la política migratoria. En enero de ese año, su administración intentó deportar por vuelos militares a 160 colombianos, decisión que Colómbia rechazó denegando el permiso de aterrizaje, lo que desató un episodio de sanciones, restricciones de visas y tensiones económicas entre ambos países. Desde entonces, la relación se ha mantenido marcada por una guerra de gestos y negociaciones difíciles.
Aunque se alcanzó un acuerdo temporal para permitir deportaciones bajo condiciones humanitarias y la suspensión parcial de sanciones, la confianza quedó erosionada. Recientemente, la situación volvió a tensarse con la amenaza estadounidense de acelerar expulsiones y con la suma inquietante de Guantánamo en el escenario, un lugar símbolo de aislamiento y controversia internacional.
La ciudadanía colombiana, frente a esta crisis, enfrenta preguntas incómodas sobre su soberanía, el respeto a los derechos humanos y el futuro de miles de migrantes que habitan en un limbo legal y político. ¿Podrá el gobierno colombiano negociar sin ceder principios? ¿Dónde queda la voz de los deportados en este intercambio que parece jugar con sus vidas como ficha diplomática?
Mientras tanto, la historia se extiende como una sombra sobre las relaciones bilaterales, dejando en el aire una pregunta que late con fuerza: ¿Qué representa realmente esta crisis para la dignidad y la justicia en el siglo XXI? La respuesta está pendiente.
