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¿Estado o sombra en Huila?
Un frío sábado 20 de septiembre de 2025, cerca de 500 personas irrumpieron en las veredas Los Sauces y Las Acacias, en La Plata, departamento del Huila, y forzaron la salida temporal de militares. Lo que parecía un estallido espontáneo fue, según informes oficiales, una maniobra del grupo armado ilegal GAO-r Hernando González Acosta para arrebatar el control territorial al Estado y asegurar corredores para sus actividades ilícitas.
El Ejército Nacional, lejos de retirarse, ha decidido mantener su presencia en la región. No se trata solo de patrullar un terreno: es una lucha por la autoridad y la esperanza de evitar que el miedo y la ilegalidad se consoliden. La asonada fue impulsada, de acuerdo con investigaciones, mediante coacción a líderes comunales, quienes fueron obligados a movilizar a la población civil como escudo y arma contra la presencia militar.
Héctor Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, alzó la voz y llevó el caso ante la Fiscalía General de la Nación, denunciando crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario. En un consejo de seguridad celebrado semanas antes en La Plata, señalaba que la estrategia de estos grupos incluye extorsión, concierto para delinquir y el uso de civiles como barrera humana, acciones que minan la convivencia y agravan la precariedad social.
La Quinta División del Ejército, consciente del peso simbólico y práctico de la contienda, insiste: ceder terreno es regalar espacio a economías ilegales que deforman la vida cotidiana de la población. Mantenerse no es solo una decisión táctica sino un desafío para una comunidad atrapada entre el abandono estatal y la sombra de la violencia.
¿Podrá el Estado rescatar ese pedazo de Colombia de las garras de la ilegalidad o quedará marcado para siempre como un territorio en disputa y silencio? Mientras tanto, el Huila espera respuestas que trasciendan la frontera del uniforme.
