📸 Imagen cortesía: Ejército de Colombia. Imagen de referencia
¿Escudo humano o territorio en disputa?
El domingo 7 de septiembre, el cañón del Micay, en El Tambo, Cauca, se convirtió en el epicentro de una escena que desnuda el deterioro de la seguridad en Colombia: 45 soldados del Ejército quedaron retenidos por cerca de 600 personas, una multitud que, según las autoridades, habría sido coaccionada por la disidencia de las FARC estructura Carlos Patiño. Esta acción, según indican fuentes oficiales, fue una respuesta violenta a un operativo militar contra narcotráfico y minería ilegal en la zona, un territorio estratégico para el crimen organizado.
En lo que va del 2025, la Fiscalía reporta 52 asonadas y 29 secuestros contra miembros de las Fuerzas Militares, indicadores que reflejan un incremento preocupante de la violencia y la presión sobre los uniformados en regiones donde la presencia estatal se ve erosionada por grupos armados. Desde el Ejército Nacional se explica que estas comunidades rurales son obligadas a actuar como escudos humanos, presionadas para proteger rutas ilícitas y mantener el flujo financiero de las organizaciones criminales, transformando así las asonadas y retenciones en tácticas sistemáticas para desafiar la acción estatal.
El presidente Gustavo Petro ha denunciado esta instrumentalización de la población civil, señalándola como un signo del debilitamiento de los narcos armados: “Cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez demuestran más que se están debilitando”. A pesar de la gravedad del incidente, la respuesta oficial reitera una apuesta por el diálogo y el desarrollo rural como herramientas para disminuir la confrontación, en lugar de la escalada violenta.
Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y líderes comunitarios, el lunes 8 de septiembre los soldados retenidos fueron liberados y trasladados a Popayán, donde reciben atención médica y acompañamiento institucional. Sin embargo, la cartera de Defensa advierte que aún permanecen otros uniformados en situaciones similares, lo que resalta la persistente incertidumbre y la urgente necesidad de respuestas contundentes.
Este nuevo episodio no solo evidencia una crisis de seguridad tangible, sino un vacío profundo entre las instituciones del Estado y las comunidades afectadas. ¿Podrá el diálogo realmente abrir brechas en un escenario dominado por la violencia y el miedo? ¿O la retención y coerción de civiles y militares seguirá siendo la norma de un conflicto que continúa indefinidamente?
