Imagen cortesía Ejército Nacional
Ejército y Fuerza Pública desmantelan 61 unidades de minería ilegal en Chocó
En operativos realizados en las primeras tres semanas de enero de 2026, soldados de la Brigada 15, junto a la Armada de Colombia y la Policía Nacional, desmantelaron 61 unidades ilegales de minería en el departamento de Chocó, afectando las finanzas del Clan del Golfo.
Solo en estas intervenciones, fueron neutralizadas 38 unidades de producción de oro, así como inmovilizadas 32 dragas, 30 motobombas, 36 motores y dos retroexcavadoras, todas empleadas sin cumplir los permisos ambientales. El Ministerio de Defensa estima que el impacto económico a estas estructuras criminales supera los mil millones de pesos, con daños totales en torno a 17.000 millones de pesos.
La extracción ilegal que fue detenida equivalía a más de 30.000 gramos de oro al mes, una fuente clave de ingresos para este grupo armado, que operaba en puntos cercanos a los ríos Atrato, Magdalena y Quito, corredores estratégicos de la región.
Además del golpe financiero, estas operaciones buscan prevenir el daño ambiental severo causado por químicos tóxicos como el mercurio, que se vierten en los ríos sin control, provocando contaminación, sedimentación y desviación de cauces que afectan los ecosistemas y la salud de las comunidades ribereñas.
Estas acciones forman parte del Plan Estratégico de Campaña Ayacucho Plus, bajo el cual en 2025 ya se habían registrado 889 capturas, incautado más de mil equipos y desmantelado 294 socavones a escala nacional, aunque las autoridades reconocen que la minería ilegal sigue siendo un reto por la rápida recomposición de estos grupos criminales.
“El compromiso con la defensa ambiental es claro. Al golpear la minería ilegal, también se protege la biodiversidad, las fuentes hídricas y las comunidades de anexigüés controles”, dijo el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Brigada 15.
La Gobernación de Chocó y la Alcaldía llaman a la comunidad a mantener la cooperación con las autoridades y cumplir las recomendaciones para no poner en riesgo la seguridad ni el medio ambiente de la región.
