📸 Cortesía: Presidencia de Colombia
El Gobierno nacional decretó un aumento del salario mínimo para 2026, fijado en un total de 2 millones de pesos mensuales, incluyendo 1.750.905 pesos de salario básico más 249.095 de auxilio de transporte, a partir del 1 de enero. Esta medida beneficiará a 2,4 millones de trabajadores pero genera alertas por impactos económicos que podrían extenderse hasta 2027.
El incremento del 23 % fue oficializado mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, tras el fracaso de un acuerdo entre empresarios y centrales obreras en la Comisión de Concertación. El presidente Gustavo Petro definió el ajuste como un “salario vital” para mejorar el poder adquisitivo de quienes reciben el mínimo.
No obstante, diversos analistas del sistema financiero y centros de estudio advirtieron que esta subida supera la inflación proyectada y la productividad, lo cual podría empujar hacia arriba la inflación general. Esto obligaría al Banco de la República a mantener o incluso aumentar la tasa de política monetaria, encareciendo el crédito para hogares y empresas durante 2026. “Este tipo de incrementos es un factor que impide que las tasas de interés bajen según lo previsto, manteniéndolas elevadas”, expresó una fuente de Bancolombia.
De acuerdo con Corficolombiana, el ajuste del salario mínimo desancoraría parcialmente las expectativas inflacionarias, ya que mientras el Gobierno esperaba una inflación cercana al 5 %, ahora los escenarios anticipan niveles superiores, lo que limita la relajación monetaria y extiende las condiciones financieras exigentes, afectando créditos de consumo, vivienda y empresarial.
Además, el aumento impacta el gasto público. Analistas de Fedesarrollo y Noticias RCN señalaron que el incremento en el mínimo eleva el costo de pensiones y la nómina en el sector público, presionando el déficit fiscal y aumentando el costo de la deuda del Estado.
Expertos consultados alertan que si el incremento no va acompañado de un aumento en la productividad, el país podría ver un crecimiento en la informalidad laboral, una menor creación de empleo formal y un freno en la inversión y el crédito durante los próximos años, a pesar de la mejora en el ingreso nominal de los trabajadores que devengan actualmente el salario mínimo.
La recomendación de los técnicos es vigilar estos efectos y anticipar ajustes diferidos para mitigar el impacto económico y favorecer una dinámica salarial sostenible.
