Captura de pantalla
La Fiscalía impuso extinción de dominio a 23 bienes vinculados al escándalo Centros Poblados
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación ordenó embargo y secuestro sobre 23 bienes valorados en más de 65.900 millones de pesos, relacionados con los implicados en el contrato irregular entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados, en un operativo que busca recuperar recursos públicos desviados en un proyecto de internet rural para escuelas.
Los activos incluyen predios urbanos y rurales, parqueaderos, locales comerciales y participaciones en sociedades, ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de actos ilícitos, entre ellos un anticipo irregular de 70.000 millones otorgado en 2021, de acuerdo con la Fiscalía.
La medida, ejecutada por una fiscalía especializada este lunes 22 de diciembre de 2025, afecta a Emilio José Tapia Aldana, condenado y en libertad condicional recientemente; su esposa, la congresista Saray Robayo; la exministra Karen Abudinen; y empresarios cercanos como Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, además de familiares de estos. Entre los inmuebles destacan un penthouse en Coveñas, un lote en San Bernardo del Viento, un predio en Montería pertenecientes a Robayo, y un apartamento en Barranquilla vinculado a Abudinen.
El caso Centros Poblados se originó en 2020 con un contrato de Mil millones de pesos para instalar 7.277 centros digitales en escuelas rurales de 16 departamentos, pero la Unión Temporal presentó pólizas falsas, incumplió el contrato y sacó fondos del país, lo que derivó en la caducidad del contrato en julio de 2021 y sanciones fiscales por más de 87.000 millones impuestas por la Contraloría en octubre de 2024.
Según José Iván Caro, director de Extinción del Derecho de Dominio, las medidas se sustentan en causales legales que establecen que los bienes derivados de mezclas entre recursos lícitos e ilícitos, y el uso de sociedades para ocultar dinero, deben ser asegurados. “Los elementos probatorios inducen que estos bienes provienen del anticipo irregular y otras faltas contractuales, buscando mitigar el daño patrimonial al Estado”, afirmó Caro.
Este paso judicial marca un avance en la recuperación de activos en un caso emblemático de corrupción en el sector de telecomunicaciones, mientras continúan los procesos penales contra los responsables. La Fiscalía mantiene el control activo de estos bienes y hace un llamado a la ciudadanía para reportar nuevos hallazgos relacionados con esta investigación.
