📸 Cortesía: Lina Maria Garrido / Presidencia de Colombia
Decreto que elimina prima salarial a congresistas genera rechazo e inquietudes constitucionales
El pasado 20 de enero de 2026, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0030, que suprime la prima especial de servicios por valor de 16.914.540 pesos mensuales para los congresistas que se posesionen desde el 20 de julio de este año, medida que ha despertado diversas críticas y cuestionamientos.
La representante a la Cámara y aspirante al Senado por Cambio Radical, Lina María Garrido, calificó la norma como un «populismo barato» y un «show” electoral, afirmando que la medida nació muerta y que busca engañar a la opinión pública, sin brindar una solución real a la situación que pretende atender. De igual forma, Lidio García, presidente del Senado, aseveró que esta decisión tiene un trasfondo político y habría sido una respuesta gubernamental ante un Congreso que ha mostrado independencia frente al Ejecutivo.
Por otro lado, el gremio judicial a través de Hermes Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, manifestó su rechazo debido al efecto cascada que tendría este decreto sobre los salarios de procuradores, fiscales, jueces y magistrados, afectando la independencia judicial y poniendo en riesgo derechos laborales consolidados. La Corporación advirtió que la medida incumple el principio de no regresividad laboral y podría provocar un aumento en la conflictividad institucional.
Desde el Gobierno, la justificación del recorte se fundamenta en criterios de austeridad, sostenibilidad fiscal y equidad, considerando que la remuneración actual de los congresistas es desproporcionada frente al ingreso promedio nacional y la realidad económica del país. Además, se mencionó que la decisión tiene respaldo constitucional y legal basado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Frente a este panorama, Corjusticia llamó a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y a los organismos de control para gestionar soluciones a esta problemática, mientras que los sindicatos de trabajadores judiciales fueron convocados a unificar esfuerzos para defender sus derechos laborales. Además, se recomienda a la comunidad pública estar atenta por posibles efectos en los servicios judiciales y la independencia institucional.
