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¿Imparcialidad en jaque?
Este martes 5 de agosto de 2025, en Bogotá, el magistrado Ramiro Riaño Riaño anunció su impedimento para decidir sobre la tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La petición busca suspender la detención domiciliaria impuesta al exmandatario mientras se resuelve de forma definitiva su condena de 12 años por fraude procesal y soborno a testigos.
Riaño fue asignado al caso por reparto, pero no dudó en señalar sus posibles inhabilidades éticas y jurídicas. La razón: su compañera sentimental trabajó en la Fiscalía General de la Nación cuando Eduardo Montealegre estaba al frente de la institución. Hoy, Montealegre es una de las víctimas acreditadas en el proceso contra Uribe. El magistrado reconoció que esta cercanía crea un dilema entre su deber de imparcialidad y el vínculo personal, lo que podría empañar la transparencia del fallo que deba emitir.
Además, Riaño reveló un episodio que profundiza la complejidad del caso: Montealegre, como víctima, presentó una denuncia penal contra él tras una decisión anterior que favoreció temporalmente a Uribe. “Ese acto me convierte en contraparte del denunciante, base del proceso penal y principal fuente de prueba de la Fiscalía”, argumentó, citando la causal legal que sustenta su impedimento.

Este movimiento responde también a las demandas de quienes representan a las víctimas, como el senador Iván Cepeda, y se inscribe en un contexto de alta sensibilidad jurídica y política en Colombia. Precedentes cercanos, como la misma admisión por parte de Riaño en febrero de 2025 respecto a un posible conflicto de intereses por la vinculación de su pareja con la Fiscalía, revelan una trama donde la confianza en el proceso judicial parece erosionarse.
Mientras tanto, la sociedad colombiana observa con atención y cierta incertidumbre: ¿podrá el sistema judicial garantizar imparcialidad cuando los hilos personales se entrelazan tan de cerca con la justicia? La defensa de Uribe y sus detractores aguardan la próxima decisión, conscientes de que cada paso tiene un peso que trasciende la sala del tribunal.