Deudores fallecidos, cobradores asesinados y decenas de suicidios reportados cada año es la realidad que acompaña al fenómeno del “gota a gota” en Colombia.
En el 2018, el Estudio de demanda de inclusión financiera realizó una encuesta a 1.432 personas de diversas áreas urbanas y rurales del país, los resultados revelaron que un 9,1 por ciento de los encuestados consideraba el crédito informal, incluyendo el conocido “gota a gota” como una opción para financiar sus actividades.
José Alejandro Guerrero, presidente del Banco W, estima que más del 50 por ciento de los hogares colombianos, en el algún momento, han acudido al “gota a gota”. Este sistema de préstamos no evalúa la capacidad de pago y no exige trámites ni fiadores, únicamente se basa en el documento de identidad para más tarde efectuar la entrega del dinero.
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Un informe de la Universidad Central de Bogotá revela que en Colombia el “gota a gota” mueve alrededor de $3.000 millones de pesos diarios, los cuales provienen de víctimas que en su mayoría no tienen acceso a créditos bancarios: vendedores callejeros, pequeños comerciantes, amas de casa, mecánicos y conductores.
Ecuador fue el primer país en importar esta modalidad en 2008, seguido por Perú en 2009, donde los grupos ilegales colombianos han operado en 97 ciudades. Este alarmante fenómeno continúa generando preocupación en las autoridades gubernamentales, quienes han identificado nexos entre los falsos prestamistas y bandas criminales colombianas.
