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El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, decidió acelerar la aprobación del Plan de Reactivación Económica ante el probable rechazo de la reforma tributaria en el Congreso, con el fin de responder de manera inmediata al deterioro fiscal y económico del país. La iniciativa recibió apoyo de diferentes bancadas y plantea medidas urgentes para fortalecer la liquidez del Estado, proteger el empleo y auxiliar sectores estratégicos afectados.
La decisión se tomó y comenzó a materializarse en Bogotá entre el 24 y 25 de noviembre de 2025 luego de que se constatara la falta de votos suficientes para la reforma tributaria en el Senado. Olga Lucía Velásquez, representante del Partido Alianza Verde, señaló que el plan alternativo busca recaudar entre 7 y 13 billones de pesos por vías temporales y no con incrementos de impuestos permanentes. Entre los puntos clave sobresale la recuperación de cartera vencida a través de la DIAN y la UGPP, así como amplios alivios para personas naturales y empresas.
El Plan de Reactivación Económica incluye descuentos de hasta 90 por ciento en intereses y sanciones tributarias para contribuyentes personas naturales y jurídicas, amnistías en impuestos y multas con tarifas preferenciales, facilidades para acceso a créditos sin garantía hipotecaria mediante el Fondo Nacional del Ahorro, y exenciones tributarias en sectores como turismo, energías renovables y transporte. También plantea bajar la tarifa del impuesto de renta corporativo del 35 al 30 por ciento y extender beneficios tributarios escalonados para operadores turísticos y restaurantes.
Según los reportes del Ministerio de Hacienda, el paquete de medidas ya superó su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara el 24 de noviembre y está diseñado para generar un impacto inmediato en el recaudo fiscal. Las proyecciones indican que esta alternativa podría ayudar a cubrir parte del déficit presupuestal, evitar el cierre de aproximadamente ocho mil empresas y proteger miles de empleos frente a la desaceleración económica actual.
En palabras de la ministra de Hacienda, «el propósito es no dejar al país sin los recursos necesarios para funcionar, proteger el tejido empresarial y facilitar una recuperación económica socialmente justa». Esta propuesta surge como una respuesta pragmática y efectiva desde la capital, priorizando la liquidez y el alivio tributario frente a la incertidumbre política en torno a la reforma tributaria estructural.
La comunidad está llamada a estar atenta al avance Legislativo de este plan, frente a una coyuntura que exige soluciones rápidas para mitigar el impacto en las finanzas públicas, ofrecer alivios fiscales inmediatos y salvaguardar la estabilidad económica en sectores claves del país.
