📸 Cortesía: Presidencia
¿Desfinanciación o defensa a ultranza?
Este viernes 12 de julio de 2025, la polémica en torno al futuro de las Fuerzas Armadas de Colombia escaló hasta las más altas esferas del poder. En medio de denuncias periodísticas que alertaban sobre una preocupante crisis presupuestal que amenaza la operatividad y la seguridad nacional, el presidente Gustavo Petro salió al paso con palabras firmes y categóricas.
Los reportes difundidos en los días previos detallaban una reducción significativa en los recursos asignados a las principales instituciones militares: Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial. Según estas investigaciones, el recorte fiscal, cercano a los 921.000 millones de pesos, habría mermado la capacidad operativa y logística de las fuerzas, al punto de poner en riesgo su función esencial de protección ciudadana. En concreto, el Ejército solicitó 22 billones de pesos y solo recibió 12; la Armada pidió 4,6 billones y fue asignada con apenas 3; mientras la Fuerza Aeroespacial experimentó una reducción respecto al año anterior, con 2,6 billones.
Frente a este escenario, el presidente Petro utilizó su plataforma oficial en X (antes Twitter) para llamar a estas versiones “mentirosas” y defender la gestión de su administración. “Ha salido un desinforme lastimero sobre la fuerza pública en Colombia, que, simplemente, es mentiroso”, afirmó. Subrayó que su gobierno no solo cumple con asegurar la integridad física y la alimentación de los soldados, sino que además invierte en su desarrollo educacional y salarial, señalando: “Ningún soldado desnutrido o hambriento habrá en mi gobierno, ningún soldado sin educar”.
Los datos oficiales revelan que para este 2025 se destinaron 33 billones de pesos para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, una cifra que pretende evidenciar el compromiso estatal con el sector, aunque las discrepancias entre peticiones iniciales y asignaciones efectivas mantienen en vilo a expertos y actores políticos. Esta tensión refleja las dificultades de un país que, pese a priorizar la seguridad, enfrenta limitaciones fiscales en un contexto global complejo.
La controversia no solo expone la pugna entre el gobierno y medios críticos, sino que también abre un debate crucial sobre la sostenibilidad y modernización de las instituciones encargadas de garantizar la paz y el orden. ¿Será suficiente la defensa presidencial para disipar las sombras que proyecta el recorte presupuestal? ¿Podrán las Fuerzas Armadas mantener su capacidad operativa y el bienestar de su personal en medio de restricciones financieras? La incertidumbre persiste mientras Colombia observa, expectante, el desarrollo de esta disputa que toca las fibras más sensibles de su soberanía y seguridad nacional.
