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### ¿Salud en jaque?
El martes 30 de julio de 2025, Colombia despertó con una nueva polémica que sacude los cimientos de su sistema sanitario. En una jugada de último minuto, el Gobierno expidió el decreto 0858, un cambio radical que promete transformar la salud pública bajo un Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo. Firmado por el presidente Gustavo Petro, el decreto entró en vigor al día siguiente, planteando una reorganización profunda, pero encendiendo alarmas en diversos sectores.
Este decreto establece una nueva prioridad: reforzar la atención primaria mediante la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y una red integrada que pone en el centro a la prevención y la resolutividad en el primer nivel de atención. El control financiero también se reconfigura, al asignar a la Adres (Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) la responsabilidad de hacer giros directos a las instituciones prestadoras de servicios (IPS), dejando en un papel residual a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Según el Ministerio de Salud, esta medida busca reducir las desigualdades regionales y garantizar con mayor eficacia el derecho fundamental a la salud, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo.
Sin embargo, no todos comparten este entusiasmo. Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión Séptima del Senado y miembro del Partido Liberal, ha denunciado el decreto como “inconstitucional” y una “maniobra para evadir el proceso democrático” en el Congreso, donde una reforma estructural sanitaria aún espera su tercer debate. Pinto anticipa que la Corte Constitucional fallará en contra y advierte que esta medida podría hacerse trizas ante la justicia.
La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo refleja un choque de visiones que va más allá de un simple cambio administrativo. Mientras el gobierno insiste en la urgencia de la reforma para sanar profundas fracturas del sistema, la oposición y gremios del sector ven un salto al vacío que podría desestabilizar la prestación y financiación de los servicios. La ciudadanía, expectante, se pregunta si este decreto será el respiro que tanta gente espera o una nueva fuente de incertidumbre en un sistema ya tensionado.
¿Podrá la salud pública colombiana sobrevivir a esta controversia? ¿Será posible armonizar la urgencia de una reforma con los principios democráticos? El reloj avanza, y con cada día, la pregunta sigue abierta.
