📸 Imagen cortesía X @RCNMedellin
¿Orden o violencia en Medellín?
Un martes marcado por la protesta y el conflicto.
Medellín, 10 de octubre de 2025. Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, llegó este viernes a la ciudad para investigar las denuncias de agresiones durante la manifestación pro Palestina del pasado 7 de octubre. La movilización, que congregó a decenas de ciudadanos, terminó envuelta en acusaciones de violencia ejercida por gestores de convivencia vinculados a la Alcaldía.
El viceministro fue claro: ningún servidor público está autorizado para recurrir a la violencia contra manifestantes. Calificó lo ocurrido como «graves violaciones a los derechos humanos» y, por ello, pidió formalmente a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo abrir investigaciones que aclaren responsabilidades. La comisión —que incluye al Ministerio del Interior, la Fiscalía y observadores internacionales— ya recopila testimonios, videos y evidencias con la intención de esclarecer el episodio y evitar que se repitan estos abusos.
Más allá de las agresiones, Rondón alertó sobre un fenómeno preocupante: civiles o contratistas que asumen funciones de autoridad pública. Denunció estos hechos como «actos de tipo paramilitar» y recordó que sólo la fuerza pública legalmente empoderada debe intervenir en manifestaciones para preservar el orden sin vulnerar derechos.
En diálogo con la prensa y la comunidad, el viceministro defendió la visita del Gobierno nacional como un ejercicio que respeta la autonomía local, buscando «garantizar el derecho fundamental a la protesta y la protección del orden público», siempre bajo el prisma constitucional y de los derechos humanos. No obstante, sostuvo una visión crítica respecto a la defensa pública del alcalde Federico Gutiérrez, quien justificó la actuación de los gestores de convivencia como medida necesaria para restaurar la calma tras los disturbios.
El alcalde, a su vez, respondió acusando al Gobierno central de querer desestabilizar a Medellín, profundizando una grieta que pone en tensión el equilibrio entre seguridad y derechos sociales. Así, la ciudad se enfrenta a una pregunta que retumba en sus calles: ¿puede el orden público justificarse en la vía de la violencia institucional?
Mientras la investigación avanza y el debate se enciende, Medellín observa expectante. ¿Serán capaces las autoridades de esclarecer los hechos? ¿Podrá la justicia y la sociedad encontrar un equilibrio que no sacrifique las garantías ciudadanas en nombre de la seguridad? En esta disputa, no solo se juega la legitimidad del Estado, sino también el rostro humano de la democracia misma.
