Sitio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Aumento de amenazas a voto libre preocupa a comunidad electoral en más de 600 municipios rurales
En las últimas semanas, líderes políticos y organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) han denunciado un incremento significativo de amenazas y presiones por parte de grupos armados ilegales en zonas rurales de Colombia, poniendo en riesgo el voto libre para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026. Esto afecta al menos a 600 municipios en regiones como Cauca, Nariño, Antioquia y Catatumbo.
La MOE y la Registraduría Nacional reportan que disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo ejercen control sobre la movilidad y las decisiones electorales, imponiendo candidatos a las comunidades. Individuos en áreas rurales han sido vigilados y obligados a votar en bloque en campañas anteriores. El líder político en Barranquilla Máximo Noriega denunció amenazas de muerte contra progresistas, vinculando estas intimidaciones al accionar de estructuras armadas que buscan favorecer la compra de votos en la región.
“Los compradores de votos utilizan a organizaciones delincuenciales para infundir miedo y asegurar votos propios a domicilio, aplicando tácticas de guerra”, expresó Noriega sobre la situación que enfrentan sus aliados, defensores del presidente Gustavo Petro. Lina Tabares, de Fundterpaz, agregó que “el miedo ya no es solo miedo, es terror” pues incumplir órdenes de estas estructuras puede provocar desplazamiento o muerte.
Ante esta situación, el Gobierno Nacional activó el Plan Democracia para garantizar la seguridad electoral. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que las denuncias en Barranquilla serán remitidas para su revisión ante el Consejo Nacional Electoral. Además, la Unidad Nacional de Protección ha despeñado hasta el momento la atención en 2.484 eventos en 177 municipios, con el despliegue de más de 36 mil efectivos de la fuerza pública y esquemas asignados a personas en riesgo.
La Policía reportó más de 130 denuncias relacionadas con presiones electorales y se han evaluado a 64 personas para asignarles mecanismos de protección. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo advierte riesgos en 287 municipios principalmente en Caquetá, Guaviare, Arauca, Meta, Chocó, Antioquia y Bolívar. De acuerdo con análisis de la Registraduría en 312 municipios, la violencia ha impactado especialmente en zonas donde se registran el 59 % de los hechos durante este año, afectando la participación electoral y existiendo riesgo de compra de votos.
La Misión de Observación Electoral reportó 133 casos de violencia desde la etapa de inscripción de cédulas, de los cuales 71 resultaron letales, y un 45 % tuvo lugar en zonas rurales. El aumento de control armado genera restricciones que dificultan un proceso electoral libre, pese a los esfuerzos institucionales para mitigar estas acciones y garantizar transparencia.
Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para denunciar hechos irregulares y facilitar la labor de carácter preventivo en esta etapa electoral. Se espera que el trabajo coordinado continúe fortaleciendo la seguridad democrática y los derechos políticos en las regiones más vulnerables.
