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El presidente Gustavo Petro dictó un Estado de Emergencia Económica y Social por 30 días en Colombia para enfrentar un déficit cercano a 16,3 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación de 2026. La medida otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para crear y modificar impuestos a través de decretos con fuerza de ley y busca cubrir el faltante fiscal generado tras la negativa del Congreso a una reforma tributaria.
El decreto que oficializa esta emergencia es el 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual el Gobierno explicó que la decisión responde a una crisis fiscal “inminente” desencadenada tras el hundimiento de la ley de financiamiento. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que el vacío fiscal será atendido mediante nuevos impuestos y la reducción de gastos en el presupuesto nacional.
En este marco, el Gobierno emitió el Decreto 1474 de diciembre de 2025 con un paquete tributario que espera recaudar alrededor de 11,1 billones de pesos en 2026. Entre las iniciativas están el aumento del impuesto al patrimonio para grandes fortunas, la implantación temporal de tributos sobre la extracción de hidrocarburos y carbón, y el incremento de gravámenes al sector financiero, bebidas alcohólicas, tabaco, juegos de azar y ciertas importaciones.
Especialistas en economía y derecho tributario advierten que el uso de la emergencia para realizar estos cambios aumenta la incertidumbre jurídica y económica, pues elimina el trámite legislativo convencional. Destacan además que no hay claridad sobre la existencia de un hecho súbito o imprevisible que justifique la figura, razón por la cual se anticipan posibles recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
El Gobierno defiende las medidas para garantizar la continuidad del Estado y cumplir la regla fiscal en medio de la desaceleración económica y la presión sobre las finanzas públicas. Sin embargo, la oposición y gremios comerciales alertan sobre el impacto negativo en la inversión extranjera y la confianza empresarial. Ante esta coyuntura, se espera que el debate sobre la constitucionalidad y el efecto social del Estado de Emergencia Económica y Social continúe en las próximas semanas.
