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El presidente Gustavo Petro decretó una emergencia económica en Colombia por 30 días el lunes 22 de diciembre de 2025, debido a una crisis fiscal inminente tras el archivo de la reforma tributaria en el Congreso. La medida autoriza al Gobierno a imponer nuevos impuestos especiales para recaudar cerca de 41.000 millones de dólares necesarios para financiar el presupuesto de 2026, aunque enfrenta rechazo por su presunta inconstitucionalidad.
La emergencia se oficializó con el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre luego de que la Comisión Cuarta del Senado negara la aprobación de la reforma tributaria con nueve votos en contra y cuatro a favor el 9 de diciembre. El desfinanciamiento afecta un saldo aproximado de 16,3 billones de pesos, equivalente a 4.000 millones de dólares, en el Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Petro explicó que el déficit fiscal supera el 7% del PIB para 2025 y que el mayor gasto público, junto con la carencia de nuevos ingresos debido al rechazo legislativo, pone en riesgo el bienestar de la población. Por eso, se hace necesario aplicar estos ajustes que buscan sostener la inversión pública, afirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
No obstante, expertos como Katherine Flórez, profesora de economía de la Universidad Externado, cuestionan la constitucionalidad de la emergencia al considerar que no presenta hechos nuevos que justifiquen la medida, calificándola en medios internacionales como un problema estructural del manejo financiero estatal. Informes de Citi Colombia y voces dentro del Congreso, entre ellos las senadoras Angélica Lozano y Catherine Juvinao, señalan riesgos en la legalidad del decreto que podría ser invalidado por la Corte Constitucional. En ese sentido, ya se adelantan acciones jurídicas y se espera la revisión de las autoridades competentes.
El presidente Petro también responsabilizó al Congreso por el rechazo de la ley tributaria y se refirió al impacto negativo de las altas tasas de interés del Banco de la República, los impagos en salud que suman 20 billones de pesos en 2025 y la reducción en los precios del petróleo. Aunque la economía nacional mantiene un crecimiento entre 2,6 % y 2,7 % del PIB para el cierre de año, los desequilibrios fiscales han motivado el decreto, que continuará vigente hasta el 20 de enero de 2026.
Ante esta emergencia, que genera inquietud ciudadana y debate político por sus límites legales, aún no se conocen con detalle los nuevos impuestos que se implantarán. La Alcaldía fiscal y las entidades encargadas llaman a la población a mantenerse atenta a futuras directrices y a seguir de cerca la evolución del proceso legislativo y judicial en torno a esta declaratoria.
