📸 Cortesía: Imprenta Nacional de Colombia
¿Soberanía documental o crisis en la puerta?
Este jueves 10 de julio de 2025, el Gobierno nacional ha puesto sobre la mesa un borrador de decreto que busca centralizar la contratación de impresos oficiales en la Imprenta Nacional, justo cuando la amenaza de un vacío en la expedición de pasaportes se cierne sobre millones de colombianos.
La medida, propuesta por el Ministerio del Interior, obliga a la mayoría de las entidades públicas a gestionar sus documentos oficiales —pasaportes, carnets, diplomas, publicaciones— exclusivamente con la Imprenta Nacional. La urgencia detrás de esta centralización radica en la inquietante proximidad del 1º de septiembre de 2025, fecha en la que finaliza el contrato vigente con la empresa Thomas Greg & Sons, responsable hasta ahora de imprimir los pasaportes. Sin embargo, la transición a un sistema estatal apoyado técnicamente por la Casa da Moeda de Portugal no ha prosperado. La Cancillería admitió el pasado 7 de julio que “no hay acuerdo firmado con Portugal, la planta de producción nacional no está lista y no existen recursos asegurados para garantizar la continuidad del servicio”. En otras palabras, el nuevo modelo no estará operativo a tiempo, y la incertidumbre crece ante la posibilidad de que millones se queden sin pasaporte.
El decreto contempla una excepción para que, en caso de que la Imprenta Nacional no pueda cumplir con las especificaciones técnicas o los plazos, o no responda en un máximo de diez días hábiles, las entidades puedan acudir a terceros. Esta flexibilidad emerge tras episodios recientes, como cuando la Imprenta Nacional no pudo asumir la impresión de los diplomas para la Policía, dejando al descubierto limitaciones operativas que contrastan con las aspiraciones de soberanía y seguridad jurídica del Estado.
El contexto político y administrativo es grave. La búsqueda de “soberanía documental” no es solo una consigna técnica, sino una apuesta por el control estatal sobre documentos que identifican y legitiman a los ciudadanos. Sin embargo, la dilación en acuerdos, la falta de recursos asegurados y la ausencia de una planta productora lista ponen en tela de juicio la capacidad real para garantizar ese control sin interrumpir servicios esenciales. La ciudadanía observa, a la vez expectante y preocupada, cómo una decisión que pretende fortalecer la institucionalidad amenaza con convertir el pasaporte en un bien escaso a partir del próximo septiembre.
¿Podrá el Estado salir a flote y garantizar que en medio de esta crisis documental nadie quede a oscuras, ni sin su identificación? Por ahora, la respuesta queda en suspenso, mientras las entidades públicas se preparan para una carrera contra el tiempo entre decretos, contratos y la urgente tarea de no dejar a millones sin documento.
