Cortesía Daniel Muñoz/AFP
Enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc desplazan a 250 personas en el Catatumbo durante Navidad
En la madrugada del 25 de diciembre, combates armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc provocaron el desplazamiento forzado de 250 personas en el Catatumbo, Norte de Santander. La situación mantiene en riesgo de confinamiento a otras 6.000, situando la región en una compleja crisis humanitaria.
Los enfrentamientos se registraron especialmente en los municipios de Tibú y La Gabarra, donde decenas de familias campesinas abandonaron sus hogares por el fuego cruzado y se refugiaron en escuelas y espacios comunitarios, como el kilómetro 16 de la vía Tanzania-La Gabarra. Las balaceras iniciaron pasadas las 3:00 de la madrugada y se extendieron durante la jornada, llevando al cierre temporal de vías principales y restricciones severas en movilidad, alimentación y atención médica.
“La población civil, incluidos niños y niñas, está en grave peligro. Urge garantizar corredores humanitarios y la evacuación de los heridos”, dijo Iris Marín, defensora del Pueblo. La entidad pidió a los grupos armados cesar las hostilidades y permitir el acceso de personal médico y ayuda humanitaria en la zona. Desde enero de 2025, esta región enfrenta una prolongada crisis por disputas territoriales agravadas por presencia ilegales, elevando ya a decenas de miles los desplazamientos y confínes.
Alcaldía de Tibú activó protocolos de emergencia para brindar atención a las familias victimizadas, programa que por recursos limitados requiere cooperación de la Gobernación y Unidad para las Víctimas. “Las personas están muy afectadas emocionalmente. Sufrieron toda una jornada en medio del conflicto”, indicó Richar Claro, alcalde del municipio. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez urgió políticas efectivas de seguridad y el acompañamiento estatal. Dirección de estabilidad confirmó que drones sobrevolaron la zona y se estableció un corredor fluyendo hacia Cúcuta bajo protección de Fuerza Pública.
Este episodio se inserta en una problemática que pérdidas ha dejado cerca de 80.000 desplazados este año y aumentos en el reclutamiento de menores. El Gobierno sigue priorizando respuestas humanitarias y despliegue militar, aunque ausencia estructural estatal mantiene a la región vulnerable a disputas de narcotráfico y recursos. Organismos como el NRC hacen un llamado urgente por asistencia inmediata.
Las autoridades ratifican la necesidad de consolidar vías seguras y fortalecer presencia institucional para mitigar más descontrol y violencia entre asentamientos civiles. La recomendación sigue siendo denunciar cualquier situación de crisis al 123 y estar atentos a los informes oficiales.
